A pesar de mantener una relación fluida con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno argentino ha decidido no implementar las recomendaciones del organismo respecto a modificaciones en el impuesto a las Ganancias y el Monotributo. Esta postura fue confirmada por fuentes cercanas al Ejecutivo, que enfatizaron que ambos tributos permanecerán sin cambios en el corto plazo.
El FMI realizó estas sugerencias en el marco de la revisión del "Artículo IV", un informe de vigilancia económica publicado tras la segunda revisión del acuerdo con Argentina. La entidad dirigida por Kristalina Georgieva propuso ampliar la base de recaudación, simplificar el sistema tributario y avanzar hacia una reforma fiscal integral de mediano plazo. Sin embargo, desde la Casa Rosada argumentan que no está en la ideología del presidente Javier Milei aumentar impuestos, sino reducirlos.
Respecto al Monotributo, el Gobierno defiende el esquema actual, señalando que el techo de facturación para la categoría más alta en 8 millones de pesos mensuales es "una buena cifra". El FMI cuestionó esta herramienta por considerar que limita el crecimiento empresarial y propuso hacerla más similar al régimen general mediante la reducción de umbrales y la homogeneización de alícuotas. Desde el oficialismo advierten que muchos contribuyentes prefieren dejar de facturar al llegar a ese límite para evitar convertirse en responsables inscriptos.
El ministro de Economía, Luis Caputo, reveló que planea convocar a los gobernadores para debatir una reforma impositiva, pero aclaró que cualquier eliminación de impuestos distorsivos solo sería posible dentro de tres años, y únicamente si la actividad económica crece entre 6% y 8% anual. Según cálculos del FMI, una reestructuración que incluya cambios en estos sistemas podría incrementar los ingresos en un 3,3% del PBI.
Además, el Gobierno rechazó las advertencias del FMI sobre transparencia estatal, conflictos de interés y funcionamiento del Poder Judicial. Las autoridades argumentaron que las declaraciones juradas se están presentando conforme a los plazos establecidos y que cualquier extensión es práctica común en administraciones anteriores. Esta discusión cobra relevancia en medio de la denuncia contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito.
