El presidente de la asociación civil Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), el abogado Jonatan Baldiviezo, cuestionó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por «violar, esquivar y no cumplir con las instancias de participación ciudadana» para la venta de inmuebles públicos, y denunció que «los terrenos se venden para hacer negocios inmobiliarios y no para mejorar los servicios o equipamientos urbanos».
Baldiviezo presentó el viernes pasado una acción de amparo para frenar la venta en subasta pública, fijada para el 26 de abril próximo, de un inmueble de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) en el que funciona un Centro de Desarrollo Infantil (CeDI).
Esa venta se autorizó por ley 3.397, pero el Observatorio del Derecho a la Ciudad sostiene que se trató de una decisión tomada sin la previa convocatoria pública y participación ciudadana.
Baldiviezo recordó que, de ese modo, se viola el artículo 63 de la Constitución de la Ciudad, que prevé la convocatoria a audiencia pública «obligatoria» ante determinadas situaciones como, por caso, las «modificaciones de uso o dominio de bienes públicos».
«Más allá de lo que escuchamos que dice Horacio Rodríguez Larreta, que es un gobierno de diálogo, en los hechos es un gobierno que tiene una aversión a la democracia participativa», señaló Baldiviezo en declaraciones a Télam y luego agregó: «Hace todo lo posible para esquivar las instancias de la participación ciudadana, que hacen a la transparencia».
Sobre ese punto, el abogado advirtió que «algo parecido sucedió» en el caso del «predio de Costa Salguero, que también se vendió y la Justicia lo frenó porque reconocieron que no habían cumplido con los procedimientos que la Constitución (de la CABA) establece» y mencionó, entre ellos, «la convocatoria a la audiencia pública».
«No convocarlas es hacer que de estas decisiones no se entere la ciudadanía», alertó y luego insistió sobre lo que considera una práctica recurrente de la administración porteña: «Cuando no les queda otra que convocar a las audiencias públicas, como fue el caso de la Costanera, que es el último proyecto, no el primero, que está frenado por la Justicia, lo que hacen es ningunear la participación ciudadana».
Fuente: Télam
