Los allanamientos fueron realizados por efectivos de la Policía de la Ciudad, en el marco del expediente que llevan adelante el juez Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano, según informaron fuentes de la investigación. Los operativos judiciales se realizaron en los edificios de la Procuración, ubicados en la Avenida de Mayo, avenida Belgrano, la calle 25 de mayo y el de Perón 667.
En simultáneo se produjeron allanamientos a una sede de la inmobiliaria que participó de la operación de compra-venta del edificio y a la casa de Guillermo Bellingi, el funcionario de la procuración separado de su cargo por esta causa. «Uno de los objetivos del operativo fue secuestrar la computadora de Bellingi y eso se logró», informaron a Télam fuentes judicales que aclararon, además, que la Procuración entregó los registros de visitas del despacho del funcionario relativos a la fecha investigada.
La decisión de separar a Bellingi de su cargo se produjo luego de que investigaciones periodísticas lo vincularan con uno de los intermediarios que, contratado por la inmobiliaria Jaureguiberry, había participado de la operación. La causa se inició a partir de una denuncia contra la procuradora Gils Carbó por la presunta comisión de los delitos de cohecho, negociaciones incompatibles con sus funciones y otros delitos en la compra del edificio de la calle Perón 667.
El caso comenzó con una presentación realizada por el fiscal federal Carlos Rívolo, quien, tras una investigación preliminar, formalizó la demanda en la que fue acusada Gils Carbó y su ex marido Héctor Alonso, quien fue vinculado con la inmobiliaria que intervino en la operación, entre otras personas. La inmobiliaria que participó de la operación fue Jaureguiberry Asesores, que había sido contratada por la firma Arfinsa SA, integrante del Grupo Bemberg, y que habría subcontratado a Juan Thill para que intercediera en la operación.
Fuente: Télam
