Bonistas argentinos advirtieron que apelarán la orden de ayer del juez federal de Nueva York, Thomas Griesa, que habilitó a la Argentina a salir del default técnico.
Así lo anticipó a LA NACION el directivo de la Asociación de Damnificados por el Default y la Devaluación (Adapd), Horacio Vázquez, quien indicó que «el Gobierno está planteando una propuesta sin haber hablado con los que tenían que entrar».
Estos acreedores son representados en Estados Unidos por el abogado Mike Spencer, quien aseguró en una carta la semana pasada que representaba demandas por títulos en default por US$ 832 millones. En particular, el «grupo Varela», que ganó el caso del pari passu con los fondos buitre, tiene cerca de un millón de dólares. Spencer se quejó en ese mensaje de haber sido discriminado por el mediador designado por Griesa, Dan Pollack, en las negociaciones desarrolladas en Nueva York entre el Gobierno y los inversores.
«Esto se va a apelar porque Griesa borró con el codo lo que hizo con la mano. Igualmente, más allá de todas las apelaciones que se hagan, queda claro que para un argentino no hay nada peor que otro argentino», señaló Vázquez.
El directivo de Adapd reiteró que «a diferencia de los fondos que compraron después del default, los argentinos compramos antes» del estallido de la convertibilidad.
Según el bonista, «es ridículo que la Argentina no quiera arreglar con los bonistas particulares, que todavía tienen deudas por US$ 2500 millones; eso llevará a que siga en default y con riesgos de embargo, aunque no existan las medidas cautelares».
A las causas que tiene Spencer, se suman acciones de clase y los bonistas italianos representados por el abogado Anthony Constantini, que presentó una demanda en octubre del 2014 y no son parte de los acreedores de su país representados por Nicola Stock.
De todos modos, en el Gobierno confían en poder seguir negociando con ambos abogados para que terminen aceptando la propuesta argentina.
Afirman que, si siguieran como holdouts, no contarían con la poderosa arma que Griesa les quitó ayer, al habilitar el levantamiento de la «injunction» que le impedía al Gobierno pagarles a los bonistas que entraron a los canjes del 2005 y 2010. La entrada en vigencia de la orden está sujeta a que se levanten las leyes cerrojo y de pago soberano y que se le pague a los bonistas que aceptaron la oferta argentina hasta el lunes último.
Pero Vázquez cree que la cuestión de fondo no cambiará. «Todo sigue igual que antes, porque la Argentina permanece en default y, al no pagar US$ 2500 millones, seguirá pagando tasas de interés más altas que sus vecinos».
En paralelo a la negociación externa, se prevé que desde hoy comience el trámite parlamentario para derogar las mencionadas leyes y, según fuentes legislativas, que el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, defienda el proyecto de acceso al mercado mañana ante un plenario de las comisiones de Presupuesto y de Finanzas en la cámara de Diputados.
Hasta las 13, la iniciativa -que contiene la derogación de las leyes, el permiso para endeudarse y un anexo con los acuerdos alcanzados- no había sido enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo. El bloque oficialista esperaba con impaciencia para ver el detalle de la ley comenzar las negociaciones con los bloques opositores; la sensación es que en la cámara de Diputados el trámite será más sencillo, porque solo se opondría el Frente para la Victoria «puro», mientras que en el Senado la negociación con el PJ subió «de precio» porque los gobernadores quieren mostrar que el voto favorable al proyecto oficialista se traducirá en beneficios concretos para sus provincias, según fuentes que participan de la negociación.
Fuente: Lanacion.com.ar
