El Gobierno respondió a la marcha de Hugo Moyano con un proyecto de ley que habilita juzgar por corrupción a los sindicalistas que administren obras sociales. Lo presentó el radical Luis Petri, flamante vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados y de diálogo permanente con los principales funcionarios del Gabinete.
El proyecto permite aplicar delitos de «cohecho» y «enriquecimiento ilícito» a los jefes de gremios que retienen fondos de los salarios para brindar salud.
«Dada la gravedad de dichos delitos, también se propone un aumento de las penas», anunció Petri, que logró la adhesión de una veintena de compañeros de su bloque, entre ellos Graciela Ocaña, denunciante de Moyano. Justamente, anoche la ex ministra recordó que la justicia investiga la fortuna de la familia Moyano a través de empresas proveedoras del sindicato, «mientras la obra social del gremio está fundida», remarcó. Esta ley apunta a juzgarlo por eso.
Otros firmantes fueron Carlos Fernández, Julián Dindart, Pablo Torello, David Schlereth, Cornelia Schmidt Liermann, Gustavo Menna, Lorena Matzen, José Riccardo, Horacio Goicoechea, Hugo María Marcucci, Gabriel Frizza, Sergio Buil, Sofía Brambilla, Jorge Enríquez, Martín Grande, Julio Sahad, Aída Ayala, Pablo Torello, Facundo Suárez Lastra, Natalia Villa, Marcela Campagnoli, Leonor Martínez y Marcelo Monfort.
Petri sostuvo que «en la administración de las obras sociales los sindicatos cumplen funciones ‘para-estatales’ y se desempeñan como verdaderos entes de derecho público», sostuvo Petri. «Pero numerosas denuncias de enriquecimiento ilícito por parte de dirigentes sindicales han menoscabado la credibilidad, la institucionalidad y representatividad de esas asociaciones».
«La rendición de cuentas y la transparencia en su administración también ha cobrado interés público y excedido ampliamente el ámbito de los afiliados», agregó el radical.
La idea del Gobierno es que estas herramientas permitan conocer el origen patrimonial de los sindicalistas y no les permitan ampararse en su actividad sindical. «El interés de los trabajadores afiliados está garantizado en esta ley», agregó Petri.
La discusión parlamentaria incomodará a los socios principales del Gobierno en el Congreso, que son los interbloques referenciados en gobernadores e integrados también por sindicalistas.
La pelea del camionero con el Gobierno sirvió a la unidad de Cambiemos, en días de fricciones entre radicales y macristas por el reparto de poder y la política económica. El jefe del interbloque oficialista en Diputados, Mario Negri, le pidió al camionero cambiar la marcha por una visita a Tribunales; y su par del Senado Luis Naidenoff fue más explícito: «Moyano hizo un acto en defensa propia», sostuvo.
Fuente: La Política Online
