El Presidente había tomado la decisión de cerrar la Sala de Prensa de la Casa Rosada el 23 de abril, negando el acceso a todos los periodistas acreditados en un hecho sin precedentes en la historia democrática argentina. Esta medida representó un quiebre inédito en el acceso a la información pública y generó inmediata preocupación en diversos sectores.
La clausura enfrentó una ola de cuestionamientos de múltiples actores políticos y sociales, así como de prestigiosas instituciones nacionales e internacionales y destacados medios de comunicación. Ante esta presión generalizada, el Gobierno decidió reconsiderar su postura y revertir la decisión que había generado tanta controversia en torno a la libertad de prensa.
Como resultado de los reclamos, se anunció que los periodistas acreditados podrían reingresar a la Sala de Prensa a partir del lunes siguiente. Se confirmó además que el portavoz Manuel Adorni retomaría sus conferencias de prensa a las 11 de la mañana, en medio de los conflictos judiciales que lo mantienen en el centro de la escena política nacional.
Oficialmente se comunicó que "se habilita el ingreso a los periodistas a la Casa Rosada de este lunes a la sala de prensa", aunque con restricciones. Se establecieron zonas permitidas para la circulación de la prensa mientras que otras áreas permanecerían cerradas, limitando así el acceso completo a las instalaciones.
El cierre inicial fue justificado por el Gobierno a partir de una denuncia presentada por Casa Militar contra dos periodistas de TN por supuestos delitos vinculados a la seguridad nacional. Los comunicadores habían grabado y difundido imágenes de los pasillos de la sede gubernamental, lo que motivó la acción del general de Brigada Sebastián Ibáñez, responsable de seguridad y subordinado directo de Karina Milei en la Secretaría General de Presidencia.