El cantante Javier Calamaro se encuentra en el centro de una denuncia penal por presunta estafa inmobiliaria relacionada con el emprendimiento "Chacras del Universo", un proyecto ubicado en las sierras de Córdoba. Según los afectados, el desarrollo prometía un exclusivo barrio cerrado sobre la Ruta 38, pero nunca se cumplieron las condiciones legales necesarias para que los compradores obtuvieran la posesión de sus lotes.
La causa involucra a más de cien familias que aseguran haber invertido sus ahorros en terrenos sin contar con títulos de propiedad válidos. De acuerdo a los registros, el artista se habría asociado en 2013 con Janina Arias Toya y David Barrera para formar una sociedad de responsabilidad limitada desde la cual se comercializaron los lotes. La utilización de la figura pública del músico habría sido fundamental para atraer compradores y generar confianza en el proyecto.
Uno de los principales problemas identificados es que la empresa no contaría con la escritura directa de los terrenos, sino que ofrecía los lotes bajo la figura de una "usucapión prometida", un trámite que según los denunciantes nunca se completó. Silvina Carla Canzani, una de las damnificadas, relató que invirtió cerca de 8.000 dólares en 2018 y firmó un boleto de compra-venta con irregularidades desde el inicio: "Firmo ante una persona que no era el escribano titular. Desde ahí comenzaron los problemas".
Canzani también denunció que las respuestas de los responsables se volvieron evasivas con el tiempo y que el acceso al predio fue restringido. Además, cuestionó la conducta de una de las socias: "No pasó más que un par de días y esta socia apareció en una foto de viaje en el Caribe con el dinero de los damnificados". Según los denunciantes, algunos terrenos habrían sido vendidos múltiples veces a diferentes compradores, agravando significativamente la situación judicial del caso.
La magnitud del problema quedó evidenciada cuando Canzani visitó la comisaría de Capilla del Monte: "Cientos de personas desfilaron por allí con denuncias similares en tan solo 15 días". Este dato subraya la extensión de la estafa y la cantidad de familias afectadas que buscan justicia por sus inversiones perdidas en el fallido proyecto inmobiliario cordobés.
