El gobierno de Javier Milei continúa su proceso de desregulación económica. Este martes eliminó 16 resoluciones y disposiciones que regulaban la actividad en diversos sectores productivos, según consta en la Resolución 12/2026 publicada en el Boletín Oficial y firmada por el Secretario de Comercio e Industria, Pablo Agustín Lavigne.
El ejecutivo libertario considera que estas normas son "obsoletas" y han perdido vigencia práctica. Sin embargo, muchas de ellas resultan fundamentales para proteger a los consumidores, quienes quedarán ahora expuestos a la voluntad empresarial sin marco normativo que las limite. Un caso emblemático es la eliminación de la obligación que pesaba sobre los colegios privados de solicitar autorización estatal para modificar sus cuotas.
Las resoluciones derogadas abarcan normativas dictadas entre 2006 y 2025 por distintas secretarías. El gobierno justifica la medida argumentando que estas regulaciones "han perdido su objeto y aplicabilidad". Entre las principales se encuentran la Resolución 355/2022 sobre control de precios, las 426/2022 y 296/2023 sobre requisitos de información comercial, y la 368/2025 que eliminó la autorización estatal para colegios privados. También se derogaron normas vinculadas al Fondo Estabilizador del Trigo y procedimientos de importación.
Según el gobierno, esta desregulación busca "modernizar y simplificar el marco regulatorio" mediante la eliminación de normativas que regulaban control de precios, requisitos informativos, procedimientos de autorización y programas de fomento al consumo. La administración sostiene que la "proliferación normativa" ha generado superposición, desactualización y dispersión de normas, causando "inseguridad jurídica" para los ciudadanos.
La medida forma parte de la estrategia del ejecutivo para "ordenar el sistema normativo argentino" eliminando leyes sin vigencia práctica, reducir burocracia innecesaria y derogar normas referidas a organismos ya disueltos. El gobierno considera que estas acciones responden a principios constitucionales y buscan ampliar las libertades individuales, aunque críticos advierten sobre la vulnerabilidad de consumidores sin protecciones regulatorias.