El Gobierno nacional presentó ante el Senado un ambicioso proyecto de reforma electoral que busca transformar aspectos fundamentales del sistema político argentino. La iniciativa, impulsada por el presidente Javier Milei y avalada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro del Interior Diego Santilli, fue ingresada oficialmente pasadas las 17 horas y consta de 79 artículos que abordan cambios estructurales en el financiamiento partidario, los mecanismos de selección de candidatos y la incorporación de la Ficha Limpia como requisito para postularse.
La Casa Rosada eligió estratégicamente al Senado como cámara de origen para iniciar el debate parlamentario, considerando que cuenta con mayor respaldo político en esa instancia. Uno de los pilares del proyecto es la derogación directa de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), mecanismo que ya había sido suspendido en los últimos procesos electorales. De aprobarse, la selección de candidatos quedará enteramente en manos de cada partido político, según lo establecido en sus respectivas cartas orgánicas.
La Ficha Limpia emerge como una de las medidas más controvertidas del proyecto. El artículo 15 establece que "no podrán ser candidatos a cargos públicos electivos nacionales" aquellas personas condenadas por delitos dolosos con sentencia confirmada en segunda instancia antes del 31 de diciembre previo al proceso electoral. La iniciativa también contempla que si la condena se confirma después del 1° de enero del año electoral, la inhabilitación regirá únicamente tras la finalización de los comicios, y prevé la creación de un Registro Público de Ficha Limpia en la Cámara Nacional Electoral.
Complementariamente, el proyecto introduce modificaciones en el Consejo de Seguimiento Electoral, incorporando a partidos distritales que no formen parte de agrupaciones nacionales, y propone cambios significativos en el esquema de financiamiento político. Estos detalles sobre el financiamiento deberán debatirse en profundidad durante las sesiones en comisión, donde se esperan intensas discusiones sobre cómo se distribuirán los fondos entre las diferentes fuerzas políticas.
La iniciativa marca un punto de inflexión en la política electoral argentina, buscando modernizar el sistema actual mediante la eliminación de mecanismos considerados obsoletos y la incorporación de restricciones para candidatos con antecedentes penales. El debate en el Senado se perfila como una jornada crucial para definir el futuro del sistema electoral nacional en los próximos años.
