El coordinador general de Justicia 2020, Ricardo Gil Lavedra, presentó este lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las iniciativas que conforman el programa de modernización judicial que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Por otra parte, el gobierno argentino defendió ante la CIDH su política de derechos humanos, de libertad de expresión y de migraciones. Gil Lavedra expresó que Justicia 2020 nació de una importante demanda social que exigía mejores respuestas de parte de las instituciones judiciales: “La corrupción reclama Justicia y la inseguridad reclama Justicia”, expresó.
En ese sentido el coordinador del Programa señaló que Justicia 2020 ha incorporado técnicas de Gobierno Abierto al diseño de políticas públicas en materia de Justicia: “Las discusiones se dan a través de una plataforma digital que generó un proceso participativo inédito, puesto que congrega aportes de instituciones gubernamentales, operadores judiciales, asociaciones civiles, ciudadanos y ONG”. “Las reformas de la Justicia no son para los jueces, no son para los empleados, no son para los abogados, siempre son para los ciudadanos”, añadió Gil Lavedra.
En tanto, el gobierno argentino defendió ante la CIDH su política de derechos humanos y de “respeto a la libertad de expresión”, en el marco de una audiencia en la que organizaciones sociales plantearon denuncias sobre la “represión a la protesta y la sindicalización” en la provincia de Jujuy.
“Estamos avanzando fuertemente en el cumplimiento de los derechos humanos para toda la sociedad argentina. Hay un compromiso asumido por el presidente (Mauricio Macri) de trabajar en la construcción de una sociedad que se basa en el respeto, la convivencia y la inclusión, camino que transitaremos respetando los estándares internacionales de derechos humanos y libertad de expresión”, destacó en su exposición el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, quien encabezó la delegación del Estado argentino.
Organizaciones de la sociedad civil habían acudido a la CIDH para reclamar por el DNU 70/2017 del 20 de enero, al que consideraron “restrictivo de los derechos humanos” para los migrantes, sobre todo para “los que están en situación de pobreza” y “tiene como regla la privación de la libertad”.
A su favor, el Estado precisó que durante el año pasado, “215 mil personas obtuvieron la radicación en Argentina, 92 de los cuales estaban ya en el país en una situación totalmente irregular”, y consignó que, en los tres meses que lleva de implementación del decreto, fue regularizada la situación de «48 mil migrantes».
Fuente: Télam
