El Gobierno presentó esta semana en el Senado su proyecto de reforma a la Ley Nacional de Salud Mental, buscando modernizar especialmente los criterios para la internación involuntaria de pacientes. Liliana González, directora nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos, explicó ante las comisiones de Salud y Legislación General los puntos clave de la iniciativa que modificará la norma vigente desde 2010.
Uno de los principales cuestionamientos al marco legal actual es la descentralización del rol del psiquiatra. González enfatizó que "el problema es que se descentralizó al psiquiatra en la ley vigente". La reforma propone que el equipo interdisciplinario otorgue centralidad a la especialidad psiquiátrica, reconociendo que "una especialidad no puede reemplazar a otra, tiene una formación diferente", sin desmedro de la participación de otros profesionales como psicólogos.
El cambio más significativo apunta a los criterios de internación involuntaria. La propuesta reemplaza el concepto restrictivo de "riesgo cierto e inminente" por un criterio situacional que considere antecedentes clínicos y evolución previsible del cuadro. Según González, "tenemos que buscar los antecedentes y no basarnos en la foto del momento", permitiendo intervenciones preventivas en casos de deterioro progresivo que no generan crisis visibles en el momento de la evaluación.
La reforma también fortalece el rol del médico psiquiatra en la determinación de internaciones involuntarias, garantizando evaluaciones clínicas exhaustivas y correctamente fundamentadas. Para situaciones de urgencia donde no haya psiquiatra disponible, un médico clínico podrá ordenar la intervención, pero esta deberá ser revalidada dentro de 24 horas por un equipo interdisciplinario.
El Gobierno espera que esta modificación garantice una implementación homogénea de la norma en todas las jurisdicciones del país, mejorando la calidad de atención y protección de los derechos de los pacientes con problemas de salud mental.