El kirchnerismo endurece sus críticas y eleva el tono de la polémica en torno al nombramiento de 42 jueces, fiscales y defensores oficiales que quedaron a un paso de ser votados por la mayoría propia que Cambiemos posee en el Senado bonaerense.
La crítica central apunta al momento elegido por el oficialismo para impulsar los pliegos en la Cámara alta: los días finales del gobierno de María Eugenia Vidal, a juzgar por la amplia diferencia que obtuvo el Frente de Todos en las PASO.
Una segunda objeción, más puntual, señala que, de los 17 cargos de jueces incluidos en esos pliegos, dos corresponden al Tribunal de Casación Penal, la máxima autoridad penal de la provincia. El kirchnerismo, en particular, cuestiona la candidatura de Francisco Pont Vergés, secretario de Política Criminal de la Procuración General y virtual número dos del procurador bonaerense, Julio Conte Grand, un hombre de Vidal.
«En una situación de transición política no se pueden cristalizar ni comprometer estructuras futuras en la Justicia», sostiene María Teresa García, la senadora bonaerense más cercana a Cristina Kirchner, quien recuerda el «escándalo que armaron» los actuales senadores de Cambiemos cuando el gobierno de Daniel Scioli apuró los nombramientos de 117 magistrados en noviembre de 2015.
El miércoles de la semana pasada, en el Senado, el kirchnerismo y el massismo se manifestaron en contra de tratar los pliegos propuestos por el oficialismo en la reunión de la Comisión de Acuerdos. Cambiemos usó su mayoría y avanzó. Como no hubo unanimidad, los pliegos no pudieron ser tratados ese mismo miércoles, pero quedaron listos para ser votados en la próxima sesión que convoque el Senado. Su aprobación requiere mayoría simple, es decir, el apoyo de 24 de los 46 senadores. El bloque de Cambiemos tiene 29 miembros.
