El oficialismo suspendió la comisión de Presupuesto 2027 en Diputados: PRO, UCR y aliados reclaman respuestas del Gobierno antes de firmar el dictamen.
La reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Alfredo “Bertie” Benegas Lynch, estaba prevista para la tarde del martes 27 de octubre de 2026, cuando el oficialismo buscaba avanzar con el dictamen del proyecto de Presupuesto 2027. El PRO, la UCR y los bloques provinciales aliados se negaron a firmar porque afirman que la Casa Rosada no respondió a la mayoría de sus planteos. La misma falta de acuerdo hizo fracasar la reunión en la que se debatía la nueva ley de biocombustibles, que ya cuenta con media sanción del Senado.
Pese a la tensión, los bloques aliados señalaron que en principio se mantiene la sesión para el miércoles 18 de noviembre de 2026, y que también dejaron disponible el miércoles 25 de noviembre. Según su lectura, la aprobación de la “ley de leyes” no corre riesgo real de quedar frenada en Diputados, aunque la negociación sigue abierta.
La lista de reclamos del PRO encabeza con la regularización de las deudas de Nación con la Ciudad de Buenos Aires por coparticipación. Desde ese bloque plantean que, si el Gobierno tiene fondos para saldarlas, deberían incluirse en el Presupuesto 2027 y no resolverse por fuera. El tema también aparece en las negociaciones electorales entre los libertarios y Jorge Macri. Por otro lado, los amarillos impulsan bajar el IVA del huevo y sus derivados, que hoy paga el 21%. Según el PRO, el beneficio tendría fuerte impacto en Entre Ríos, gobernada por Rogelio Frigerio.
En obra pública, PRO, UCR y bloques ligados a gobernadores reclaman reducir el Impuesto a los Combustibles Líquidos, que por ley debe destinarse al mantenimiento de rutas pero, según denuncian, no se ejecuta en ese fin. Las provincias también piden más transparencia en las concesiones viales, que el Gobierno estima en 9.000 kilómetros. Quienes no transfirieron sus cajas previsionales a la ANSES exigen precisiones sobre los fondos para compensar el déficit: el proyecto prevé una partida de $503.325 millones para 2027, que consideran insuficiente. Además, varios distritos esperan respuesta sobre autorizaciones para tomar deuda.
La UCR insiste en mejorar el financiamiento de las universidades nacionales. El Consejo Interuniversitario Nacional reclama un mínimo de $11 billones, mientras que el presupuesto previsto para 2027 asigna algo más de $7 billones. Los aliados también rechazan derogar la movilidad automática de la Asignación Universal por Hijo y del Sistema Único de Asignaciones Familiares. Por su parte, la diputada Karina Banfi y legisladores patagónicos piden reducir impuestos al sector pesquero.
En biocombustibles, la ley obtuvo media sanción en el Senado y su tratamiento en Diputados comenzó la semana pasada. La propuesta eleva el corte obligatorio de bioetanol del 12% al 15% en naftas y el de biodiésel del 7% al 10% en gasoil, un guiño del oficialismo a los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora, y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Aunque no hay discrepancias sobre el bioetanol, el biodiésel quedó trabado por reclamos de provincias productoras como Buenos Aires, La Pampa y Entre Ríos.
El esquema contempla una transición con segmentos diferenciados: plantas integradas, vinculadas a grupos aceiteros, y plantas no integradas, pymes regionales que no producen su materia prima. Para llegar al 10% de corte, las no integradas tendrían reservado inicialmente el 6,5% del mercado, proporción que bajaría al 5,5% en 2029, al 5% en 2030 y al 4% desde 2031 hasta 2036. El PRO propone mantener el 6% para las pymes, con el argumento de que no podrían competir con las grandes aceiteras de Santa Fe y Córdoba y que el mercado terminaría concentrado en pocos jugadores.
