Las designaciones de Graham como defensora y de Facundo Hernández y Fabián Repetto, como defensores adjuntos habían sido aprobadas por la Cámara de Diputados el 26 de junio de 2019.
El cargo para el que fue seleccionada Graham se encuentra vacante desde 2005 y el proceso de designación quedó trabado en el Senado debido a la resistencia que su figura genera entre quienes rechazan la legalización del aborto.
Graham, una abogada especialista en niñez que desde hace más de tres décadas trabaja en la protección de los derechos de los niños y adolescentes y que apoya el proyecto para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, fue elegida entre más de 70 postulantes luego de un proceso de selección impulsado por la comisión bicameral de Defensa de los Derechos del Niño, creada en 2017.
De hecho, a partir de las 14, se congregaron en la puerta del Senado de la Nación integrantes de organizaciones «provida» que rechazan la designación de esta abogada en el área.
El 6 de noviembre último, la comisión bicameral de Defensa de los Derechos del Niño firmó una resolución en la que advirtió que el pliego caducaría en abril de este año si no era tratado por el Senado.
En las últimas horas, siete legisladores, en su mayoría de Juntos por el Cambio, advirtieron que el pliego de la abogada había caducado y presentaron una nota a las autoridades del cuerpo.
La misiva fue firmada por los senadores Belén Tapia, Silvia Elías de Pérez, Pedro Braillard Poccard y Silvia Giacoppo, quienes en 2018 votaron en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, a la cual Graham apoya.
La designación del defensor o defensora del Niño viene siendo reclamada desde hace años por organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas vinculados con la niñez y que entienden que «cada día de incumplimiento» de la Ley 26.061, sancionada en 2005, que, entre otros puntos, creó esta figura, «profundiza aún más la vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país».
«La gravedad de la crisis económica y social, con especial impacto en la niñez y en la adolescencia, pone en evidencia la necesidad ineludible de contar con una Defensoría nacional que exija las políticas públicas destinadas a la infancia, y asegure el ejercicio de los derechos de la niñez y la adolescencia en condiciones de igualdad», señaló hace pocos días un colectivo de 120 ONG a través de un comunicado de prensa.
«Las organizaciones firmantes exhortamos al Senado de la Nación a aprobar en forma urgente la designación de las autoridades de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes en el período de sesiones extraordinarias, para dar inicio a su funcionamiento institucional», señalaron en el texto las organizaciones, entre ellas la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), CIPPEC, Amnistía Internacional Argentina, CELS, Fundación Huésped y CTA Autónoma.
Fuente: Ámbito
