Cuatro abogados, reconocidos en el ambiente de gestiones previsionales, quedaron detenidos en el marco de una investigación federal por defraudación al Estado mediante la tramitación irregular de jubilaciones, casos que implicarían una suma que en principio autoridades nacionales ya estiman en el orden de los 14 millones de pesos pero que podría verse superada en la medida que se analicen y confirmen más expedientes que son parte de la pesquisa.
La causa judicial está actualmente bajo secreto de sumario y se espera que en próximas jornadas haya más novedades, tanto en cuanto a confirmación de nuevos hechos como posibilidad de nuevos imputados.
Matías Pastorino, asesor legal regional de la Administración Nacional de Servicios Sociales (Anses), organismo responsable de tramites previsionales, confirmó aquí que ellos mismos junto a la AFIP y Superintendencia de Riesgos de Trabajo realizaron la denuncia ante la justicia a partir de datos muy claros sobre irregularidades en la gestión y otorgamiento de beneficios previsionales. «Ya se libraron varias órdenes de allanamiento y captura», dijo el funcionario en una conferencia de prensa que brindó en esta ciudad.
Los profesionales detenidos, identificados como Rubén David Cagni, Luis Miguel Iroz, Roberto Luis Balbuena y Luciano Conrado Diez Suárez. compartían el estudio jurídico Organización Previsional SRL de avenida Paso al 2800, desde donde -según surge de la pesquisa- se iniciaban gestiones de pensiones y retiros por invalidez sustentados en documentación y situaciones apócrifas. «Vamos acompañar a la justicia en todos los pedidos que hagan», señaló Pastorino en relación a la investigación que conduce la Fiscalía Federal N°2 que conduce Nicolás Czizik.
El Juzgado Federal N°3, a cargo de Santiago Inchausti, autorizó una docena de allanamientos que ejecutó personal de Prefectura Naval Argentina, medida que permitió hacerse de material probatorio que podría ser determinante para esclarecer el caso y definir sus responsables. Además del estudio jurídico se allanaron domicilios particulares de los detenidos y de médicos que podrían estar involucrados.
Los involucrados podrían ser muchos más ya que para completar la documentación requerida para estos trámites es necesitó de la participación y complicidad de médicos y quizás algún empleado o funcionario público que colaborara, ya sea haciendo recomendaciones o bien obviando controles más puntillosos y exhaustivos.
«Hemos habilitado un nuevo espacio para que cualquier persona pueda realizar denuncias y así defender sus propios derechos», explicó la delegada regional de Anses, Débora Spina.
Fuentes de la investigación confiaron que mayoría de estos trámites tenían que ver con aportantes al sistema que declaraban grados de incapacidad muy superiores a los que podrían padecer, lo que les permitía acceder a pagos y beneficios que no les correspondían o muy superiores a los que se les podrían haber otorgado con una verificación más eficaz de los datos.
