Aproximadamente 300 organizaciones de la sociedad civil, expertos en derechos de la infancia y defensorías del país impulsan una campaña para convertir en ley nacional la protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales. Las plataformas deben asumir responsabilidades sobre los entornos que diseñan, los datos que recopilan y los sistemas que utilizan para recomendar y amplificar contenidos, sostienen los impulsores de la iniciativa.
Desde comienzos de 2026, estas organizaciones vienen promoviendo conversaciones con legisladores para que los 34 proyectos existentes sobre regulación de entornos digitales para menores incluyan bases mínimas de protección. El foco principal debe ponerse en las plataformas algorítmicas, sus diseños, sus incentivos económicos y los riesgos que producen o amplifican, según el documento entregado al Congreso. La campaña, que utiliza la frase "Está hecha la trampa, pero no la ley" para alertar sobre el vacío legal existente, exige una norma nacional que contemple diez puntos mínimos para garantizar protección efectiva.
Los diez puntos clave de la propuesta incluyen: que las plataformas prevengan riesgos de manera proactiva, que la seguridad sea obligatoria desde el diseño, que la verificación de edad sea real, que se protejan los datos sin perfilamiento comercial, que los algoritmos sean transparentes, que exista control estatal, que se fortalezcan políticas públicas de educación digital, que menores sean escuchados en decisiones que los afectan, que haya sanciones efectivas para incumplimientos y que se garantice educación digital integral para que niñas, niños y adolescentes se desenvuelvan de manera segura y autónoma.
Según datos de la Sociedad Argentina de Pediatría mencionados en el documento de octubre de 2026, el tiempo de desconexión es hoy un indicador de salud. Los menores enfrentan múltiples riesgos en línea: violencia digital, grooming, discursos de odio, difusión no consentida de contenidos, desinformación, acceso temprano a pornografía y afectaciones a la salud mental. La respuesta no puede ser la inacción ni la prohibición como única herramienta, sino una regulación que reorganice el ecosistema digital desde el deber de cuidado y la responsabilidad empresarial.
Diversos países ya avanzan en regulaciones similares: la Unión Europea, el Reino Unido, España y Brasil son ejemplos de naciones que han regulado o están avanzando en la protección de menores en entornos digitales. Marcela Czarny, de la organización Chicos.net, señala que el debate se ha fortalecido tras el reconocimiento de plataformas estadounidenses sobre el impacto en la salud mental de menores. En este debate no alcanzan prohibiciones o restricciones; también es necesario determinar las condiciones en que las plataformas van a operar, afirma.
