El Parlamento Europeo ha aprobado dos textos legislativos que transformarán radicalmente la política migratoria del continente, permitiendo a los Estados miembros devolver solicitantes de asilo a países considerados "seguros".
La nueva normativa, respaldada por una alianza entre la derecha y la extrema derecha, establece mecanismos más restrictivos para gestionar la inmigración. Entre las medidas más controversiales se encuentran la creación de "centros de retorno" fuera de la Unión Europea y la posibilidad de imponer penas de prisión a migrantes que no abandonen voluntariamente el territorio.
La lista de países considerados "seguros" incluye Kosovo, Bangladesh, Colombia, Egipto, India, Marruecos y Túnez, lo que limitará significativamente las opciones de asilo para sus ciudadanos. La Comisión Europea defiende estas medidas argumentando que se respetarán los derechos fundamentales.
Sin embargo, grupos humanitarios y legisladores de izquierda han criticado duramente la iniciativa, advirtiendo sobre posibles violaciones de derechos humanos y el riesgo de "deshumanizar" la política migratoria europea.
Estos cambios son parte del Pacto de Migración, aprobado en 2023, cuya implementación completa está prevista para junio de 2026, reflejando el creciente sentimiento antiinmigración que ha ganado terreno en la Unión Europea desde la crisis migratoria de 2015.
