El gobierno nacional busca dictaminar favorablemente hoy la modificación de la Ley de Glaciares, contando con el apoyo directo de gobernadores de provincias mineras que se presentarán en el plenario de comisión. Tras un extenso debate y una audiencia pública con más de 160.000 inscriptos —de los cuales menos de 400 pudieron exponer—, La Libertad Avanza y sus aliados firmarán esta tarde el dictamen de mayoría que busca flexibilizar los presupuestos mínimos de protección glaciar y abrir las puertas a la expansión minera en sectores actualmente prohibidos.
Con números ajustados en el parlamento, el oficialismo convocó a gobernadores aliados de provincias mineras para que expongan en comisión y eviten fugas de diputados locales. Marcelo Orrego de San Juan y Raúl Jalil de Catamarca participarán virtualmente, mientras que Rubén Dusso, vicegobernador de Catamarca, asistirá de manera presencial. Además, se sumarán ministros provinciales de Minería y Energía de Catamarca, Jujuy, Mendoza y San Juan, demostrando la coordinación de múltiples jurisdicciones en torno a los recursos estratégicos.
Desde el gobierno nacional también estarán presentes altos funcionarios como Luis Lucero, secretario de Minería; Fernando Brom, subsecretario de Ambiente; Mario Thiem, subsecretario de Desarrollo Minero; y Federico José Caeiro, subsecretario de Política Minera. El oficialismo tiene asegurados los votos necesarios: requiere 18 firmas en la comisión de Asuntos Constitucionales y 16 en Recursos Naturales, números que ya controla.
La oposición ha alzado su voz de protesta. Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica publicó una carta abierta advirtiendo que los glaciares constituyen un "recurso estratégico compartido" cuya gestión no puede limitarse a intereses provinciales. Ferraro critica que el agua glaciar "no reconoce fronteras políticas" y cuestiona la falta de participación real en la audiencia pública, donde la selección de oradores fue arbitraria.
El legislador opositor denuncia que el plenario se convirtió en "una representación sectorial minera" donde faltaron constitucionalistas y gobernadores de provincias que verían afectadas sus cuencas hídricas. Ferraro sostiene que el proceso deliberativo careció de buena fe y que "el sujeto regulado fue quien dictó el texto de la ley y condujo todo el proceso". Su posición refleja la profunda división sobre cómo proteger estos recursos naturales compartidos entre provincias.
