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La causa por fraude contra Cristóbal López volvió a la justicia federal
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La causa por fraude contra Cristóbal López volvió a la justicia federal

La Cámara de Casación Penal resolvió hoy que la causa en que se investiga a Cristóbal López por fraude por evadir 8000 millones de pesos en impuestos a los combustibles, regresará a la justicia...

La Cámara de Casación Penal resolvió hoy que la causa en que se investiga a Cristóbal López por fraude por evadir 8000 millones de pesos en impuestos a los combustibles, regresará a la justicia federal.

Der este modo el expediente regresará a manos del juez federal Julián Ercolini, que ya indagó a López, con lo que solo le queda resolver su situación procesal, lo que lo deja más cerca de un nuevo procesamiento.

El fallo fue firmado por los jueces Ana María Figueroa, Liliana Catucci y Eduardo Riggi, y ahora el caso volverá a Ercolini.

La Justicia tiene en sus manos el futuro del grupo Indalo, el holding que construyó Cristóbal López y que creció hasta convertirse en un pulpo gracias a que no le pagó a la AFIP impuestos a los combustibles por 8000 millones de pesos.

Cristóbal López ya está procesado por lavado de dinero por pagar con alquileres a la empresa Los Sauces, de Cristina Kirchner , y está cerca de quedar procesado por fraude.

Arrinconado por estos problemas, firmó un acuerdo de venta irrevocable de las acciones del grupo Indalo a OP Inversores, cuya cara visible es el financista Ignacio Rosner, ex Clarín, ex Socma, asociado con la petrolera rusa Lukoil. Pero la operación de venta no puede concretarse porque la Justicia tiene inhibidos todos los bienes de López por el fraude fiscal con su petrolera Oil Combustibles.

Los nuevos accionistas de Indalo presentaron a la Justicia un plan de inversiones. Prevén incorporar a la petrolera rusa Lukoil con 120 millones de dólares y piden que les den una moratoria para pagar la deuda que tienen con el fisco a cambio de un aporte inicial de 952 millones de pesos en 60 cuotas de 112 millones cada una. Rosner quiere, además, que el Estado les pague 1200 millones de pesos que dicen que les adeuda por pauta oficial, certificados de obra pública, venta de fuel oil a Cammesa y retenciones indebidas por parte de la AFIP.

Fuente: La Nación

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