La CGT presentó una acción de amparo judicial para impugnar varios artículos de la reforma laboral promulgada por el gobierno de Javier Milei. La central obrera advierte que el traspaso de la justicia laboral nacional a Buenos Aires podría generar un colapso del sistema judicial y afectar miles de causas en trámite, además de impactar a empleados y funcionarios judiciales que quedarían bajo nuevas autoridades.
La demanda, presentada por el triunvirato de conducción de la CGT, constituye el primer paso de una estrategia legal más amplia para rechazar aspectos centrales de la ley. El caso fue sorteado al Juzgado Contencioso número 7, bajo la dirección del juez Enrique Lavié Pico, quien en 2024 ya había rechazado dos amparos contra el DNU 70/2023.
La central obrera cuestiona la constitucionalidad del traspaso del fuero laboral y señala que el convenio fue aprobado sin intervención de la Comisión Bicameral exigida por ley, vulnerando el principio de juez natural. Según la CGT, el traspaso implicaría el cierre inmediato de 30 juzgados laborales y de la Sala VII de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, con riesgo de eliminación total del fuero laboral nacional. La transferencia se basa en un acuerdo firmado el 9 de febrero entre el gobierno de Jorge Macri y la administración nacional, aprobado en sesiones extraordinarias sin cumplir los requisitos constitucionales requeridos.
La estrategia judicial actual difiere de la aplicada contra el DNU 70 en diciembre de 2023. En aquella oportunidad, múltiples denuncias en juzgados de primera instancia permitieron que la Cámara del Trabajo suspendiera parcialmente el decreto. Ahora, la CGT prevé presentar otra cautelar en el fuero laboral y promover acciones individuales de los gremios en los tribunales. El nuevo procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, será responsable de defender la posición del Estado.
La demanda se concentra específicamente en la transferencia del fuero laboral y omite deliberadamente otros aspectos de la reforma que generaron debate, como modificaciones en indemnizaciones, períodos de prueba, limitación del derecho de huelga y ampliación de jornadas hasta 12 horas. El lunes pasado, la CGT realizó una marcha frente al Palacio de Tribunales para acompañar esta impugnación judicial, que se presenta tras la promulgación de la Ley 27.802 en el Boletín Oficial.