La ciudad de Buenos Aires recolecta diariamente unas 6.300 toneladas de residuos sólidos urbanos, de las cuales aproximadamente 300 toneladas corresponden a materiales reciclables. Con base en estas cifras, el gobierno porteño presentó este lunes un nuevo esquema de higiene urbana que busca implementar a partir de 2028, durante una audiencia pública convocada para discutir los proyectos de licitación. Se trata de uno de los contratos de mayor costo de la Ciudad y de un servicio que impacta directamente en la vida cotidiana de los vecinos.
El futuro contrato se organizará en cuatro grandes bloques: la prestación de servicios de recolección y barrido; el mobiliario urbano y contenedores; la tecnología, telemetría y monitoreo; y los estudios de factibilidad para proyectos de valorización energética. El principal cambio estará en la forma de controlar y pagar la prestación. Parte del pago de las empresas quedará vinculada a indicadores de cumplimiento, pero también a la satisfacción de los vecinos, medida a través de encuestas, reclamos registrados por barrio y tiempo de resolución de solicitudes. El sistema incluirá una infraestructura tecnológica de seguimiento satelital, telemetría, sensores e inteligencia artificial para controlar recorridos, detectar desvíos y localizar acumulaciones de residuos.
Se prevén cambios significativos en la operación: las actuales siete zonas de prestación pasarán a ser ocho, con áreas más compactas. El nuevo pliego plantea que alrededor del 80% de la recolección de residuos húmedos se realice durante la noche, actualmente entre el 65% y el 70%, para reducir el tiempo de permanencia de bolsas en la vía pública. Se incorporará un estándar único para contenedores y cestos papeleros, con un único proveedor encargado de su provisión, mantenimiento y reposición en toda la Capital. Además, se incluirá la recolección diferenciada puerta a puerta de materiales secos con participación de recuperadores urbanos y cooperativas.
Otro punto relevante es la incorporación de estudios para analizar la factibilidad de un sistema de valorización energética de residuos, conocido como "waste to energy". El proyecto no establece la construcción inmediata de una planta, sino que propone realizar estudios de ingeniería que determinen si existe una alternativa viable. Los análisis deberán contemplar aspectos técnicos, ambientales, sociales, territoriales, logísticos, regulatorios y económico-financieros, generando debate sobre cómo compatibilizar esto con los objetivos de la Ley de Basura Cero de 2005.
El gobierno porteño informó que los indicadores muestran una mejora durante los últimos meses (datos al 16 de septiembre de 2026). Según el Sistema de Gestión Colaborativa, las solicitudes vinculadas con residuos pasaron de 18.308 en abril a 1.517 en agosto, una reducción del 91,7%. Sin embargo, el nuevo contrato abrió una disputa laboral: el Sindicato de Camioneros rechazó la eliminación del mecanismo de indemnizaciones asociado al cierre de contratos, argumentando que esto afecta derechos adquiridos. La Ciudad sostiene que no corresponde pagar indemnización cuando los trabajadores continúan desempeñando la misma actividad bajo la nueva empresa, manteniendo su empleo, salario y antigüedad.
