La Corte Suprema de Justicia de la Nación reafirmó el derecho a la educación inclusiva de una adolescente con discapacidad que había quedado fuera del sistema escolar en Entre Ríos. En un fallo dictado el 12 de noviembre de 2026, el tribunal anuló la sentencia de la Justicia provincial y pidió que se emita un nuevo pronunciamiento.
El caso surgió cuando la madre de la joven acudió a la Justicia para asegurar la continuidad de la trayectoria educativa de su hija mediante un Proyecto Pedagógico Individual (PPI), adaptado a sus necesidades. El reclamo tuvo una primera respuesta favorable, y el juez de primera instancia ordenó al Consejo General de Educación elaborar ese proyecto en un plazo de 20 días.
Esa decisión fue revocada después por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que consideró que existía un procedimiento administrativo en trámite. Según el expediente, el acceso al PPI quedó suspendido mientras se resolvía esa vía administrativa.
¿Qué propuesta educativa estaba en discusión?
Las autoridades provinciales ofrecieron dos alternativas: incorporar a la adolescente a una escuela especial o permitirle cursar solamente cuatro materias, Música, Artes Visuales, Educación Física y Tecnología. La madre rechazó ambas opciones, porque consideraba que no garantizaban una educación inclusiva integral ni respondían a las necesidades particulares de su hija.
¿Qué sostuvo la Corte?
Los jueces del máximo tribunal consideraron que el tribunal provincial había incurrido en un exceso ritual manifiesto. Según el fallo, se priorizaron cuestiones procesales sin evaluar de manera adecuada la situación de la adolescente.
Además, señalaron que la existencia de un expediente administrativo no impide automáticamente recurrir a un amparo cuando están en juego derechos constitucionales que requieren una respuesta urgente. En su voto, Ricardo Lorenzetti destacó que el derecho a la educación es un derecho humano fundamental, reconocido por la Constitución Nacional y los tratados internacionales, especialmente cuando involucra a niños, niñas y adolescentes con discapacidad.
Lorenzetti también afirmó que ese derecho no puede quedar reducido a una declaración formal y que debe traducirse en medidas concretas que permitan su ejercicio efectivo. La resolución fue firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Lorenzetti, quienes hicieron lugar a la queja, declararon admisible el recurso extraordinario y anularon la sentencia apelada.
Qué tenés que saber
- Fecha del fallo: 12 de noviembre de 2026.
- Jurisdicción: Entre Ríos, con intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
- Reclamo: Proyecto Pedagógico Individual para una adolescente con discapacidad.
- Organismo involucrado en la elaboración del PPI: Consejo General de Educación.
- Próximo paso: las actuaciones vuelven a la Justicia provincial para que dicte una nueva resolución, en línea con los criterios de la Corte.







