La Justicia federal ordenó al Gobierno nacional mantener la categorización del CEREP, en Flores, que atiende a 61 personas con discapacidad.
La resolución, firmada el jueves 5 de noviembre de 2026, frena la exclusión de la institución del Registro Nacional de Prestadores. La medida fue dictada por Walter Lara Correa, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 10, a pedido del Centro de Rehabilitación y Educación Psicomotriz (CEREP).
¿Qué pasa ahora con la atención de los pacientes?
El centro conservará su inscripción hasta que las autoridades nacionales realicen una nueva inspección y comuniquen los resultados al tribunal en un plazo de diez días. La cautelar no anuló el procedimiento administrativo ni cuestionó las facultades de fiscalización del Estado.
De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, el establecimiento tiene 36 concurrentes ambulatorios y 25 personas alojadas de forma permanente. Además, cuenta con una planta de 40 profesionales de la salud. Si el centro quedara fuera del registro, podría perder la cobertura de las obras sociales, aunque seguiría funcionando con su habilitación local.
Qué motivó la baja del registro
El conflicto comenzó con una auditoría realizada el 12 de junio de 2026 por organismos nacionales que controlan las prestaciones para personas con discapacidad. Los inspectores detectaron irregularidades edilicias y de funcionamiento, problemas de accesibilidad, deficiencias de seguridad y observaciones sobre la documentación y la organización de los tratamientos.
A partir de esas conclusiones, la Secretaría Nacional de Discapacidad impulsó la baja de CEREP del registro, tanto en la modalidad de Centro Educativo Terapéutico como en la de Hogar con Centro Educativo Terapéutico. En agosto, la institución presentó un descargo con 21 anexos, entre fotografías, facturas de materiales y constancias de reparaciones.
La inspección judicial de octubre
El juez convocó a las partes a una audiencia el 14 de octubre de 2026 y ordenó una inspección en el lugar. El recorrido se hizo el 20 de octubre, con funcionarias judiciales, representantes del Ministerio de Salud, profesionales que participaron de la auditoría original y autoridades del centro.
Según el acta judicial, la arquitecta Alejandra Álvarez, que había intervenido en la auditoría de junio, afirmó que en líneas generales las observaciones de aquel acta habían sido subsanadas. Sin embargo, quedaron pendientes mejoras en la accesibilidad de sectores con desniveles, la señalización de salidas de emergencia, algunas condiciones de seguridad vinculadas con la calefacción y la adaptación de un baño para personas con discapacidad.
Los argumentos del Gobierno y del juez
La Secretaría Nacional de Discapacidad defendió la actuación de sus equipos técnicos. Sostuvo que la exclusión respondía a incumplimientos de los requisitos fijados para garantizar la calidad y la seguridad de las prestaciones, y planteó que la Justicia no debía reemplazar las facultades técnicas del Poder Ejecutivo.
El juez entendió que correspondía preservar de forma provisoria la situación existente, porque el perjuicio de dar de baja la categorización podía ser mayor que el de mantenerla hasta una nueva evaluación. La sentencia remarcó los derechos a la salud, la educación, el cuidado y la habilitación de las 61 personas que asisten al establecimiento.
La resolución cita además las Reglas Papa Francisco para el trato humano de personas excluidas, una iniciativa de la Pastoral Judicial. Lara Correa señaló que los procesos judiciales no siempre responden de forma adecuada al derecho a la dignidad de cada persona.
Qué tenés que saber
El centro conserva su categorización hasta la nueva inspección nacional.
El Gobierno nacional tiene diez días para informar el resultado de esa inspección al tribunal.
El Ministerio de Salud debe presentar su informe en el amparo dentro de los cinco días fijados por el juzgado.
La medida cautelar no es una sentencia definitiva y puede revisarse si aparecen nuevos elementos.
Las 61 personas que asisten a CEREP, con 36 concurrentes ambulatorios y 25 alojados, pueden seguir recibiendo prestaciones por ahora.
