La Legislatura porteña aprobó hoy, 27 de agosto de 2026, una ley que impide a los deudores alimentarios acceder a plataformas de juegos de azar y apuestas en línea autorizadas en la ciudad. La norma, impulsada por el diputado Leandro Santoro de Fuerza por Buenos Aires, busca proteger el derecho de los menores a recibir la cuota alimentaria establecida por ley.
La nueva legislación incorpora artículos a la Ley N° 269 que regula el Registro Público de Alimentantes Morosos. Quienes figuren en este registro no podrán abrir cuentas, realizar depósitos, apuestas o retiros en plataformas de juego habilitadas en Buenos Aires. Las empresas operadoras deberán verificar en tiempo real, antes de cada transacción, que los usuarios no sean deudores alimentarios. Si detectan que alguien inscripto mantiene una cuenta activa, deben suspenderla inmediatamente e informar al registro y al órgano judicial correspondiente.
El Poder Ejecutivo implementará sistemas informáticos de consulta automatizada junto con Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. (LOTBA S.E.). Las consultas solo verificarán la condición registral sin conservar datos personales ni usarlos con fines comerciales. El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley dentro de 30 días de su publicación en el Boletín Oficial. La autoridad regulatoria del juego impondrá sanciones a los operadores que incumplan estas reglas.
Durante la votación en la Legislatura, La Libertad Avanza fue el único bloque que votó en contra. Santoro expresó su sorpresa: "Me cuesta creer cómo hay diputadas o diputados que hayan podido votar en contra de este proyecto". El legislador destacó que según datos del INDEC, la canasta de crianza ronda el millón seiscientos mil pesos, y que solo una de cada cuatro madres recibe la cuota alimentaria en tiempo y forma, mientras que más del 56% de las madres que crían solas a sus hijos no reciben ayuda de los padres.
En la fundamentación de la ley, se argumenta que esta medida se justifica por el crecimiento exponencial de las apuestas online, donde la disponibilidad 24 horas desde dispositivos móviles ha incrementado significativamente la participación y el dinero involucrado. La iniciativa busca que el Estado cuente con herramientas más efectivas para garantizar el cumplimiento de la obligación alimentaria y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, evitando que deudores destinen recursos al juego mientras incumplen prestaciones indispensables para la subsistencia de sus hijos.
