La Oficina Anticorrupción, que conduce Laura Alonso, dictaminó que el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, violó la ley de ética pública al cobrar el bono de 500 mil pesos de la Sociedad Rural, aunque Mauricio Macri lo sostendrá en el cargo.
El dictamen de la OA contiene duras afirmaciones sobre el funcionario, al que directamente acusa de mentir en diferentes momentos de su defensa, específicamente cuando sostuvo que se trataba de honorarios atrasados y que la oficina de Alonso lo había avalado.
La dureza del informe de la OA ya había trascendido cuando el ministro anunció que devolvía el bono, advertido de eso y por un pedido del propio Macri para tratar de frenar la polémica y cuando en la Rosada ya analizaban el costo de sostenerlo.
De todos modos, el Presidente está decidido a sostenerlo aún ahora que se conoció el dictamen, según dijeron a LPO desde la Casa Rosada. En el Gobierno destacan que con la devolución del dinero, la OA indicó que el trámite fue archivado, con lo que entienden que el tema está cerrado. Pero en paralelo Etchevehere ya fue imputado por el juez Marcelo Martínez De Giorgi.
El informe de la OA destaca que el cobro de «la retribución excepcional» por parte de Etchevehere de los 500 mil pesos «no resultó acorde con las pautas y deberes de comportamiento contenidos en las normas sobre ética pública». Es decir que violó esa norma.
«La retribución no tuvo contraprestación aparente, no registra precedentes y se produjo en el marco del traspaso del agente de una Institución al área de gobierno con atribuciones sobre la Sociedad Rural Argentina y sus representados», recuerda el dictamen, que le reprocha a Etchevehere haber puesto en duda la transparencia del Gobierno.
La Oficina agrega que la retribución excepcional «no constituyó un honorario pendiente como oportunamente comunicara» Etchevehere, al sostener que la SRA le otorgo la suma en concepto de honorarios por los servicios prestados como presidente de la entidad y le liquidó sueldos pendientes. La propia Rural tuvo que desmentir eso.
También rebate sus argumentos acerca de una gratificación especial por su salida de la entidad, lo que sería «una práctica habitual» de la Sociedad Rural. «De acuerdo a lo que informara dicha entidad ‘no ha habido otorgamiento de retribuciones similares hacia otras autoridades en el pasado'», dice el dictamen, que detalla sobre sólo caso en el que se gratificó a un gerente general con una antigüedad de 53 años.
Según la OA, ni el ministro ni la SRA pudieron explicar «cuál fue la excepcional situación que justificó un tratamiento diferenciado» hacia Etchevehere, sobre todo teniendo en cuenta que «renunciaba para asumir la función de máxima autoridad de la actividad agroindustrial e iba a tener atribuciones sobre los actores del sector representados por la Sociedad Rural, lo que dotaba a la situación de una particular sensibilidad en atención a los eventuales conflictos de intereses en juego». Es por esto que la oficina de Alonso le pidió que ahora no intervenga en cuestiones que afecten a la Sociedad Rural, lo que parece difícil porque se trata del funcionario que entiende en las cuestiones vinculadas al campo.
Finalmente, la OA también lo acusa de haber mentido acerca del supuesto aval que esa oficina le habría dado antes de cobrar el bono, un argumento que el ministro reiteró ayer mismo en una entrevista radial.
El dictamen señala que se trató de una «consulta informal» en la que Etchevehere se refirió a la percepción de honorarios pendientes, y por lo tanto lo autorizaron, aunque advirtiéndole que «solamente podía recibir dinero de la SRA si era en concepto de honorarios adeudados devengados con anterioridad al ejercicio de la función pública por tareas que hubiese realizado de forma previa »
«Dn ningún momento esta Oficina autorizó la percepción de una retribución extraordinaria como la que se analiza en este expediente (la cual claramente no constituye un honorario adeudado devengado con anterioridad por tareas que hubiera realizado en forma previa). Ésta decisión fue adoptada exclusivamente por el funcionario, realizando una particular y distorsionada interpretación del concepto de honorario devengado y de la opinión de esta Oficina», concluye.
Fuente: La Política Online
