El Senado avanzó este miércoles con tres iniciativas de vital importancia para las víctimas de delitos y sus familiares. Los legisladores convirtieron en ley la quita de la patria potestad para los condenados por femicidios y otros delitos aberrantes. Además, recibieron media sanción los proyectos de protección a las víctimas de delitos y la denominada «Ley Brisa», que busca ofrecer una reparación económica para los menores que perdieron a su madre a raíz de un femicidio.
Protección a las víctimas de delitos
El Senado aprobó, después de un debate de varios meses, un proyecto de ley sobre protección de los derechos y garantías de las víctimas de delitos, que crea la figura del defensor público de la víctima.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad con 58 votos a favor y devuelta con cambios a la Cámara de Diputados, que la votó en 2016 con el impulso del Frente Renovador de Sergio Massa.
El proyecto plantea la creación de Centros de Protección y Asistencia a las Víctimas en todo el país y establece que las víctimas de delitos deben ser notificadas sobre las excarcelaciones, los permisos de libertad condicional o las salidas transitorias que se les otorguen a los condenados y acusados.
La principal modificación que introdujo el Senado al texto de Diputados es la creación de la figura del defensor público de víctimas, cargo que ocupará un magistrado por cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires, 24 en total.
Además habrá 123 prosecretarios y secretarios letrados que pasarán a ser nombrados con el cargo de defensores coadyuvantes, a las órdenes de los 24 defensores públicos de las víctimas.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Pedro Guastavino (PJ-FpV) destacó que «es necesario avanzar en una ley específica que apunte a las garantías para las víctimas».
Guastavino puso de relieve que el proyecto apunta a «reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito» a «aportar información y pruebas, y a ser escuchadas ante cualquier acción que implique la libertad del imputado».
En la Cámara de Senadores estuvieron presentes Matías Bagnato, cuya familia fue quemada; María Luján Rey, madre de una de las víctimas de la tragedia de Once; Carolina Píparo, que perdió a su bebé luego de una salidera bancaria; y Viviam Perrone, cuyo hijo fue atropellado en Olivos. Ellos fueron algunas de las víctimas que respaldaron el proyecto de ley y acompañaron su tratamiento.
«Me genera mucha emoción porque significa que de ahora en adelante los ciudadanos que se conviertan en víctima van a tener las herramientas que no tuvimos nosotros. Cuando te toca, necesitás de la contención y el acompañamiento del Estado», sostuvo María Luján Rey.
Carolina Píparo aseguró que este avance en el proyecto de ley «al principio parecía una utopía y hoy es posible». «Sabemos que de acá en adelante las víctimas van a tener un abogado», sostuvo.
La legisladora puntana Negre de Alonso agregó: «Hoy estamos visibilizando la temática de la víctima. La víctima tiene que tener los mismos derechos que tiene el imputado dentro del proceso». Y afirmó que el Estado «tiene que ir en búsqueda de la víctima, no la víctima salir a golpear puertas».
La Cámara alta también aprobó por unanimidad una ley que establece que le será quitada la responsabilidad parental a cualquiera de los progenitores cuando sea condenado por el asesinato de su cónyuge.
La nueva norma, que fue aprobada con 47 votos y girada al Poder Ejecutivo para su promulgación, agrega un nuevo artículo al Código Civil y Comercial.
Precisamente, la flamante ley dispone que son cuatro los delitos que implican la pérdida de la patria potestad: homicidio agravado por vínculo, por violencia de género, lesiones gravísimas y abuso del hijo o hija.
En principio, el proyecto presentado por los senadores Juan Manuel Abal Medina y Marina Riofrío (PJ-FpV) sólo incluía a los femicidas, pero fue modificado en la Cámara de Diputados el pasado 26 de abril. «Las modificaciones fueron enriquecedoras», consideró Riofrío este miércoles.
Infobae
