La empresa Hotesur, dueña del hotel Alto Calafate, no logró que la Inspección General de Justicia (IGJ) hiciera lugar a su pedido: poner fin a la fiscalización permanente que se ordenó el año pasado. El organismo que depende del ministerio de Justicia rechazó la solicitud presentada por Ricardo Nissen en su carácter de gestor de la firma propiedad de la familia Kirchner. Además, considerando que toda la documentación requerida no fue presentada, la IGJ volvió a intimarlos dándoles un plazo de 48 horas para que presentes todos los libros.
Por primera vez, la ex Presidenta y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner buscan que se designe un administrador judicial en su principal empresa. Se trata de Hotesur SA la firma hotelera investigada por lavado de dinero que fue administrada hasta 2013 por Lázaro Báez, garantizando ingresos por más de $ 27 millones a la familia Kirchner por el alquiler del hotel y la contratación de habitaciones con siete empresas del Grupo Austral (favorecido con la obra pública con 52 contratos por $46.000 millones).
La empresa se encuentra acéfala desde el 20 de diciembre,cuando se realizó una asamblea de directorio donde sus principales autoridades renunciaron: Romina Mercado, hija de Alicia Kirchner, quien siempre se desempeñó como presidenta de la firma, y la vicepresidente de la empresa Rocío García, actual ministra de Salud de Santa Cruz y pareja de Máximo Kirchner, quien aclaró que no tuvo injerencia «directa en los actos societarios».
Por su lado, los hijos de Cristina Kirchner representados por el abogado Ricardo Nissen señalaron que es imposible nombrar nuevas autoridades por la «persecución judicial».
En consecuencia, la IGJ recordó que la fiscalización ordenada sobre Hotesur no sólo se encuentra extendida con una multa de más de 40.000 pesos por adeudar libros contables, y que por estas razones «no corresponde dejar sin efecto una medida», ya que «no están dadas las condiciones» y no se presentó toda la documentación requerida.
En la última intimación, el organismo de inspección había reclamado a la familia Kirchner que presenten oficialmente la documentación posterior a la última asamblea, en la que las autoridades renunciaron a sus respectivos cargos directivos. El gestor sostiene que la empresa «se ha puesto al día respecto a la presentación de los estados contables, de las tasas y multas impuestas«. Esto no es suficiente, según la IGJ ya que no responde al pedido inicial.
Ahora, en un plazo de 48 horas que comenzó a regir desde la notificación que fue hoy por la mañana, los Kirchner deberán presentar «el libro «rubricado en el cual se volcó el acta de asamblea del 20 de diciembre» y bajo «apercibimiento de aplicar sanciones».
En su anterior intimación a la empresa de la ex Presidenta para que presente la documentación adeudada, la Inspección General de Justicia (IGJ) señaló que tiene «facultad para pedir la intervención judicial» de la firma. Esto es analizado por el fiscal Gerardo Pollicita -que pidió en dos oportunidades la intervención- y el juez Julián Ercolini.
Fuente: Clarín
