El Gobierno argentino presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal contra un entramado societario que operaría para explotar petróleo en las Islas Malvinas sin autorización nacional. La acusación, firmada por Pablo Quirno con patrocinio del procurador del Tesoro Sebastián Amerio, apunta contra Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., solicitando investigar además asociación ilícita y lavado de activos.
El documento de 19 páginas sostiene que estas compañías participaron en la planificación, financiamiento y desarrollo de actividades extractivas en la Cuenca Malvinas Norte, territorio sobre el cual Argentina reclama y preserva derechos soberanos. Según el planteo oficial, las empresas no solo poseen licencias otorgadas por autoridades británicas que Argentina no reconoce, sino que han ejecutado pasos concretos para convertir esas autorizaciones en operaciones extractivas efectivas, demostrando la existencia de un "entramado societario" coordinado.
El eje central de la acusación es el proyecto Sea Lion, que el Gobierno ubica en fase de ejecución material. La denuncia destaca que con la decisión de inversión final (FID) adoptada para Sea Lion Northern Development, se obtuvieron mecanismos de financiamiento, se contrató infraestructura crítica y se celebraron contratos principales de ejecución, con previsión de iniciar producción comercial en 2028. La documentación técnica describe un desarrollo offshore que contempla la perforación de once pozos en su primera etapa.
La presentación invoca principalmente el artículo 7 de la Ley 26.659, que establece penas de cinco a diez años de prisión, además de multa e inhabilitación especial, para quien realice actividades hidrocarburíferas sin autorización en áreas alcanzadas por la norma. El Gobierno enfatiza que la responsabilidad no se limita a las sociedades, sino que incluye a las personas humanas que adoptaron decisiones de planificación, autorización, financiación, dirección, ejecución o supervisión del proyecto.
La denuncia también solicita evaluar posibles delitos ambientales y aduaneros, además de investigar si la estructura societaria y financiera configura asociación ilícita o lavado de activos. Recuerda que Navitas Petroleum LP ya registra antecedentes en Argentina, donde en 2022 fue declarada ilegal su actividad con inhabilitación de 20 años para operar. Finalmente, requiere medidas de cooperación internacional para obtener información bancaria, financiera y contractual, así como medidas cautelares como embargos, inhibiciones y decomiso de bienes vinculados con los hechos denunciados.