El canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa Carlos Presti se reunieron este viernes 11 de septiembre de 2026 con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y la vicegobernadora Mónica Urquiza en Ushuaia, durante su visita a la Base Naval Integrada. Este encuentro marca un hito importante al reunir por primera vez en el mismo escenario a las máximas autoridades provinciales con funcionarios del gobierno nacional en torno a un proyecto estratégico que la provincia impulsa desde hace más de cuatro décadas.
A pesar de las tensiones que han caracterizado la relación entre la administración del presidente Javier Milei y la gestión de Melella durante estos casi tres años, la Base Naval Integrada operó como punto de convergencia. Tanto el gobierno nacional como el provincial coinciden en considerarla una necesidad fundamental para el posicionamiento de Argentina en el Atlántico Sur y la defensa de su soberanía. El gobernador expresó en sus redes que "Argentina tiene que asumir un posicionamiento firme en el Atlántico Sur" y destacó la ubicación geopolítica única de Tierra del Fuego, cercana a Malvinas, la Antártida y el Atlántico Sur.
La visita se enmarca en la reactivación del proyecto tras una pausa durante el primer año de la administración libertaria. Días antes del viaje, el Poder Ejecutivo reasignó USD 142 millones al proyecto mediante una modificación en el Boletín Oficial del 9 de septiembre de 2026. Sin embargo, esta cifra representa apenas el 30% del costo total estimado, que oscila entre USD 400 y USD 500 millones. El presidente Milei instruyó al ministro de Economía Luis Caputo para que la base figure entre los proyectos priorizados en el Presupuesto 2027. La comitiva incluyó al jefe del Estado Mayor Conjunto, almirante Marcelo Dalle Nogare; al jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Juan Carlos Romay; y legisladores nacionales de La Libertad Avanza por Tierra del Fuego.
Durante la visita, el vocero presidencial Adrián Ravier aclaró que "esta base no tiene un carácter bélico, sino que funcionará como el polo logístico más importante del Atlántico Sur y servirá de apoyo operativo y científico para nuestra proyección geopolítica hacia la Antártida". La agenda incluyó orientaciones sobre la estrategia argentina en el Atlántico Sur, Malvinas y la Antártida, además de una recorrida por el predio donde se construirá la infraestructura y exposiciones técnicas sobre el estado del proyecto.
En paralelo a la visita, el gobierno intensificó sus acciones para defender la soberanía nacional. El 11 de septiembre de 2026, anunció sanciones contra 15 empresas internacionales adicionales acusadas de operar sin autorización en las islas Malvinas, sumadas a las 45 notificaciones emitidas días anteriores. El canciller Quirno y el procurador del Tesoro Sebastián Amerio presentaron una denuncia penal contra cinco compañías vinculadas a actividades extractivas en el archipiélago, declarando que "la República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía".
Asimismo, el Ejecutivo avanza en un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que será presentado próximamente en la Cámara de Diputados. Esta iniciativa propone endurecer las sanciones para empresas que operen sin autorización argentina en Malvinas, incorporar juicios en ausencia y crear un Consejo de Seguridad Nacional que integre a Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía, dotándolo de herramientas especiales para responder ante amenazas de actores estatales o no estatales.