El Ministerio de Capital Humano dictó este miércoles la conciliación obligatoria en el conflicto que enfrenta a la Unión de Trabajadores Automotores (UTA) con la empresa La Central de Vicente López S.A.C., operadora de la línea 148. La resolución, formalizada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a las 18 horas, tiene una vigencia de quince días y busca garantizar la continuidad del servicio de transporte en la zona sur y área metropolitana.
Según la normativa, la UTA debe interrumpir inmediatamente cualquier medida de fuerza o acción directa, mientras que la empresa operadora está obligada a anular los despidos ejecutados recientemente y asegurar el funcionamiento habitual de las tareas. La Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo fundamentó la decisión en la Ley N° 14.786, estableciendo que el objetivo central es "preservar la paz social" y evitar nuevas interrupciones en el servicio que afecta a miles de usuarios diarios.
Durante las próximas dos semanas, ambas partes mantendrán encuentros bajo supervisión oficial. La Secretaría de Trabajo instó a los involucrados a negociar con predisposición para alcanzar acuerdos definitivos que resuelvan el conflicto laboral y las condiciones de reincorporación de los trabajadores. El comunicado oficial enfatizó: "La Secretaría de Trabajo convoca a las partes a mantener la mejor predisposición para negociar y alcanzar acuerdos que contribuyan a garantizar el normal funcionamiento del servicio".
Esta intervención estatal se enmarca en un contexto de actualización tarifaria. El gobierno nacional estableció un aumento de hasta 2% en las tarifas de transporte a partir del 18 de mayo, aplicable a más de cien líneas de colectivos, incluyendo la línea 148. La medida busca equilibrar los intereses de trabajadores, empresas y usuarios ante los desafíos económicos del sector.
El conflicto en la línea 148 ha afectado significativamente el traslado de personas en los últimos días, generando inconvenientes para conectar distintos puntos de la zona sur y el área metropolitana. Con esta conciliación obligatoria, el gobierno intenta evitar nuevos paros mientras se discuten las condiciones laborales y se buscan soluciones integrales que satisfagan a todas las partes involucradas en la disputa.