La Gendarmería planea, en el corto plazo, dar un contragolpe judicial para defender el accionar de sus oficiales durante el operativo del 1° de agosto en la Pu Lof Cushamen, la última vez que fue visto Santiago Maldonado. Según pudo conocer LA NACION, los abogados de la fuerza pedirán en los próximos días que el subalférez Emmanuel Echazú y el cabo 1° Ernesto Yañez sean tomados como querellantes en la causa por el corte de la ruta 40, dado que recibieron lesiones.
Se trata de la causa que investiga la interrupción del paso en la ruta de parte de los manifestantes de la comunidad mapuche, un expediente que conserva el juez Guido Otranto, apartado la semana pasada del expediente que investiga la desaparición del joven tatuador.
Las heridas que recibieron Yañez y Echazú generan dudas. Mientras se acreditó que el primero recibió un piedrazo fuera del territorio donde vive la comunidad mapuche, la herida de Echazú suscitó sospechas, dado que en un primer momento se dijo que había sido herido por una piedra en la ruta, pero luego distintos testigos dijeron que pudo haber sido lastimado en un episodio a la vera del río Chubut.
Según una de las partes intervinientes en la causa, Echazú mostraba más de una herida en la foto en la que se lo ve subiendo la barranca desde el río, con una escopeta Batan recortada. En la imagen se lo ve ensangrentado en el rostro. Una nueva foto que trascendió en las últimas horas, surgida de uno de los celulares de los gendarmes, lo muestras al subalférez con la cara lavada y un solo apósito en el pómulo, aunque se desconoce en qué momento fue tomada.
Ayer, la causa por habeas corpus, que quedó en manos del juez federal de Rawson Gustavo Lleral, no tuvo avances. A diferencia del miércoles, cuando permaneció en el juzgado hasta las 21.30, ayer por la mañana Lleral no fue al juzgado de Esquel, su nuevo lugar de trabajo, y llegó recién entrada la tarde. Estuvo con sus colaboradores, estudiando el expediente que tiene 2600 fojas. El juez debe decidir qué rumbo tomará la causa y si da por probadas las conclusiones que había tomado su antecesor, Otranto.
Según pudo conocer LA NACION, dado que el rastrillaje que Otranto había ordenado en el río Chubut para buscar a Maldonado se había pedido por tiempo «ilimitado», la Prefectura Naval y la Policía Federal están habilitadas a seguir pesquisando el lugar.
Tres hipótesis
El juez, sin embargo, ya recibió el primero escrito con un requerimiento de medidas de una de las partes que intervienen en la causa. El documento, además de pedir pruebas para avanzar en la investigación, le trazó al magistrado un diagrama con «hipótesis» y «subhipótesis» que podrían tenerse en cuenta hasta el momento.
En el esquema, al que accedió LA NACION bajo estricta reserva de las medidas requeridas, se exponen tres grandes hipótesis y «su grado de probabilidad»: que Maldonado se pudo haber ahogado en el río Chubut, que su desaparición se pudo haber vinculado con un episodio con la comunidad mapuche de la Pu Lof de Cushamen y que el joven tatuador pudo haber desaparecido en manos de la Gendarmería.
La hipótesis del río, según el punto de vista de este actor del caso, resulta «altamente improbable». Primero, porque según el rastrillaje efectuado por la Prefectura el 5 de agosto, teniendo en cuenta el caudal que presentaba el río, había una profundidad de entre 1,40 y 1,50 metros, además de «presentarse con un gran cúmulo de ramas y palos de sauces en sus orillas y sobre el lecho», por lo que debería haber sido encontrado por los peritos.
La versión de un episodio con la comunidad mapuche también es descartada por la parte que presentó el escrito, con un argumento temporal. Presuntamente, la Gendarmería se retiró del predio de la Pu Lof cerca de las 17 del 1° de agosto. «Se encuentra acreditado por medios fílmicos que al momento de retirarse la Gendarmería, concomitantemente ingresaban integrantes de la APDH», dice el escrito. En horas posteriores -se afirma- los mapuches mostraron un estado de «incertidumbre» y alertaron por la ausencia «de una compañera y de Santiago», aunque luego la mujer apareció.
Para este actor de la causa, se debe profundizar la investigación sobre el accionar de la Gendarmería, por una serie de datos llamativos. Primero considera que los vehículos utilizados por la fuerza pudieron haber sido «lavados» cuando días después del episodio fueron sometidos al peritaje de cotejo de ADN. Segundo porque, según el escrito, «la Gendarmería tenía la obligación de llevar un registro fílmico y fotográfico de la totalidad del procedimiento, que no se satisfizo».
Fuente: La Nación
