El embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, reafirmó en agosto de 2026 su compromiso de que el país ingrese al Programa de Exención de Visas (Visa Waiver) antes de finalizar su mandato. Sin embargo, moderó las expectativas al señalar que restan cumplir alrededor de quince requisitos técnicos y de seguridad. Entre los más críticos se encuentra la capacidad de Argentina para compartir en tiempo real con Washington información sobre personas sospechosas de vínculos terroristas y responder a los requerimientos de agencias estadounidenses.
El Visa Waiver permite a ciudadanos de países adheridos ingresar a Estados Unidos sin visa por hasta 90 días, requiriendo solo una autorización electrónica ESTA. Actualmente, 42 países participan del programa, siendo Chile el único de América Latina. Argentina fue miembro entre julio de 1996 y febrero de 2002, cuando fue excluida por la crisis económica de 2001 que provocó un aumento de overstays. Junto con Uruguay, Argentina es el único país que alguna vez perdió este beneficio. Para reincorporarse, debe cumplir requisitos como emitir pasaportes biométricos, reportar pérdidas en 24 horas, cotejar contra bases de INTERPOL y mantener una tasa de rechazo de visas inferior al 3%. En el año fiscal 2025, Argentina registraba 7,47% de rechazos, aún por encima del umbral permitido.
El aspecto más desafiante para Argentina es implementar mecanismos de intercambio de información antiterrorista. El primero es HSPD-6, iniciativa de 2003 mediante la cual países comparten identidades de terroristas conocidos o sospechosos. El segundo es PCSC, un acuerdo de 2007 que funciona mediante consultas caso por caso sobre antecedentes criminales graves. En julio de 2025, la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich y la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense Kristi Noem firmaron un Acuerdo Administrativo de Verificación Electrónica y un Memorando de Cooperación SAFE, marcando el inicio formal del proceso de ingreso.
Según el especialista Juan Félix Marteau, Argentina enfrentó históricamente dificultades para asimilar el terrorismo como asunto de interés nacional. El país sufrió dos ataques terroristas en Buenos Aires —la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994— que quedaron impunes, generando una respuesta institucional tardía. Recién en 2007 se reprimió penalmente el terrorismo. Durante gobiernos posteriores, hubo retrocesos: desmantelamiento de servicios de inteligencia, acuerdos con funcionarios iraníes acusados por la Justicia Federal, y durante la administración Fernández, se velaron nombres de agentes en causas judicales. Actualmente, con apoyo del FBI, se creó el Centro Nacional Antiterrorista (CNA) para coordinar esfuerzos nacionales.
Para Marteau, el intercambio de información antiterrorista se basa en confianza mutua y requiere efectividad real, no solo dispositivos formales. La afinidad política entre el presidente Javier Milei y Donald Trump genera condiciones favorables, aunque la disparidad de poder es enorme. El especialista enfatiza que Estados Unidos exige que sus aliados creen sistemas efectivos de control de amenazas, con funcionarios capacitados y comprometidos. La capacitación es central, pero lo más importante es que los funcionarios se sientan parte del proceso.
Desde la perspectiva argentina, Marteau considera que este proceso representa una oportunidad histórica para que los servicios de inteligencia dejen de ser percibidos como "cajas averiadas" y se conviertan en instituciones profesionalizadas esenciales para la seguridad nacional. La efectividad en el control de amenazas terroristas, más allá de las declaraciones políticas, será la verdadera medida del éxito en la búsqueda del Visa Waiver.
