El juez Jaime Far Suau verificaba hace 30 años (el 30 de junio de 1987) la profanación del cadáver del general Juan Domingo Perón por desconocidos que le cortaron las manos tras ingresar en la bóveda del cementerio de La Chacarita, donde reposaban los restos de quien fuera presidente constitucional del país en tres ocasiones.
Se trató de un hecho que produjo una gran conmoción política durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y que estuvo plagado de pistas falsas y muertes misteriosas, como la que sufrió el propio Far Suau, fallecido en un dudoso accidente automovilístico cuando se encontraba en plena instrucción de la causa.
El 29 de junio de ese año, Roberto García, sobrino político de Perón había concurrido a la bóveda de La Chacarita para comprobar que todo estaba en orden, en una tarea que compartía con su concuñado Osvaldo Ramón Rodríguez, quien estaba casado con Alicia Dora Perón, hija de Mario Perón, el hermano del fundador del justicialismo.
Al abrir la bóveda, García comprobó que faltaban el sable, la gorra y un manuscrito que Isabel Perón había dejado junto al féretro de su esposo, y decidió concurrir a la comisaría 29 para hacer la denuncia. El firmante reclamaba devolverlas a cambio de un pago de 8 millones de dólares, en concepto de una deuda que el ex presidente habría contraído en 1973; «la cual nunca abonó al igual que sus sucesores políticos».
Tras la denuncia de García, los tres políticos se reunieron con el entonces ministro del Interior, Antonio Trocolli, quien les notificó que los policías que habían inspeccionado la bóveda no habían encontrado rastros de un hecho como el que se detallaba en el misterioso mensaje.
El ataúd con los restos de Perón estaba detrás de un blindex que apareció con un agujero, y además se comprobaron que había sido dañada la claraboya de la bóveda, pero para el juez quedó claro que los profanadores trabajaron con el cajón abierto.
Lo más probable era que los intrusos hayan ingresado a la bóveda y traspasado el blindex sin forzar nada.
El cadáver de Perón fue depositado en La Chacarita tras un operativo organizado por la Casa Militar en el verano de 1977, en pleno gobierno del dictador Jorge Rafael Videla, y las llaves quedaron en poder de esa entidad hasta que una copia se entregó en la Escribanía General de Gobierno.
Fuente: Télam
