Senado: con respaldo de sus aliados, el Gobierno convirtió en ley la nueva Inocencia Fiscal

Tras varias semanas de negociaciones y dificultades para ordenar los acuerdos en el Senado, el oficialismo consiguió aprobar la segunda versión de la Ley de Inocencia Fiscal. El proyecto obtuvo 44 votos a favor y contó con el respaldo de los bloques libertario, PRO, UCR, Convicción Federal, Despierta Chubut, Frente Cívico por Santiago, Independencia, La Neuquinidad, Movimiento por Misiones, Primero los Salteños y Provincias Unidas.
Durante el debate, el senador libertario Bruno Olivera, miembro informante del proyecto, sostuvo que la iniciativa busca modificar la relación entre el Estado y los contribuyentes. “Este proyecto trata la confianza”, afirmó, al defender que quienes pagan impuestos sean considerados ciudadanos y no sospechosos de manera permanente.
Los 23 senadores del bloque peronista votaron en contra. José Mayans cuestionó el proyecto y lo vinculó con el programa económico del Gobierno, mientras que Jorge Capitanich criticó el tratamiento en comisión y señaló que no participaron funcionarios del Ministerio de Economía ni representantes de ARCA. Adán Bahl, por su parte, planteó reparos por el impacto que las modificaciones tributarias pueden tener sobre los recursos de las provincias.
Entre los cambios principales aparece una modificación al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) y a los criterios para determinar una discrepancia significativa entre las declaraciones del contribuyente y la información disponible para el fisco. Según lo explicado durante el debate, cuando la diferencia sea de al menos 15% pero no supere los $5 millones, dejará de ser considerada significativa.
La nueva normativa también establece el 31 de diciembre de 2027 como fecha límite para acceder a los beneficios vinculados con la presunción de exactitud y el tapón fiscal. Además, durante la sesión se rechazó una propuesta del senador Fernando Salino para ampliar las restricciones sobre personas políticamente expuestas y alcanzar también a sus familiares.
En la misma sesión, el Senado aprobó por 44 votos a favor y 21 en contra los acuerdos entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires para el traspaso de la Justicia de Menores y determinadas competencias penales. El convenio contempla que la Ciudad asuma la investigación y el juzgamiento de delitos no federales cometidos por adolescentes de entre 14 y 18 años, además de casos de adultos imputados junto con menores por hechos conexos.