La mayoría de las compras que realiza el Gobierno para las distintas áreas de la administración se canalizan por contratación directa o por licitación privada; el año pasado solo un 13 por ciento se efectuó vía licitación pública. Significa todo un cambio de política: en 2015, el último año del gobierno kirchnerista, las licitaciones públicas alcanzaron el 19% de todas las compras.
Con el argumento de «otorgar mayor flexibilidad y rapidez a la gestión de las contrataciones», en mayo de 2016 el Gobierno dictó el decreto 690, en el que se dispuso una fuerte suba en los topes que permiten esquivar las licitaciones públicas. En efecto, allí se subió de 800.000 a 6.000.000 de pesos (650% de aumento) el piso a partir del cual los funcionarios están obligados a convocar a una licitación pública. La cifra no se actualizaba desde hacía tres años.
En el caso de contrataciones directas, el nuevo límite que impuso el decreto es hasta $1.300.000 (antes era de $200.000). Asimismo, las licitaciones o concursos públicos y privados pasaron de $800.000 a $6.500.000.
Los resultados de la aplicación del decreto 690 no tardaron en verse: de acuerdo con un relevamiento realizado por LN Data en los portales oficiales Compr.ar y Argentina Compra, el 50% de las compras que realizó el Estado durante 2017 (no hay datos de 2016) se canalizaron por licitaciones y por concursos privados. En 2015 ambas modalidades concentraron el 24,7%.
Significa todo un cambio de política: en 2015, el último año del gobierno kirchnerista, las licitaciones públicas alcanzaron el 19% de todas las compras. Este mecanismo le permite al organismo público que desea efectuar una compra o contratación convocar solo a aquellos proveedores inscriptos en la base de datos elaborada por el Gobierno. Del total de lo que gastó el Estado el año pasado en sus compras y contrataciones, el 15% (unos $3194 millones) se realizó por medio de licitaciones y concursos privados, según pudo relevar LN Data
El informe arroja, además, que el 36% de las compras que se realizaron en 2017 fueron vía contratación directa, pese a que el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional impone límites estrictos para este tipo de procedimiento. En efecto, solo se aplica «cuando no fuere posible aplicar otro procedimiento de selección y el monto presunto del contrato no supere el máximo que fije la reglamentación».
También se aplica este procedimiento cuando una licitación o concurso hayan resultado desiertos al segundo llamado. Lo cierto es que del monto total que gastó el Estado en sus compras en 2017 poco más de $9 mil millones se hizo vía contratación directa (el 37%).
En el tercer lugar del relevamiento aparecen las licitaciones públicas que concentran el 15% del total de las compras del Estado en 2017. De todas maneras, si se mide el ranking en función del monto, las licitaciones públicas se imponen por sobre el resto de los procedimientos con $11.076 millones, el 45% del total de las compras que hizo el Gobierno el año pasado.
Desde el Ministerio de Modernización explicaron que las compras y contrataciones que realiza el Estado son responsabilidad de cada organismo público que las realiza. «El Ministerio de Modernización solo ofrece la plataforma digital -Argentina Compra y Compr.ar- para viabilizar los procedimientos, pero no controla las compras que hacen los organismos públicos; eso es responsabilidad del jefe de Gabinete y de los distintos ministerios», se limitaron a explicar.
Fuente: La Nación
