El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementó un nuevo decreto que obliga a empresas de transporte público y recolección de residuos a garantizar servicios mínimos durante conflictos sindicales. La medida, firmada por el jefe de Gobierno Jorge Macri, busca reducir el impacto de los paros en la vida cotidiana de millones de porteños que dependen de estos servicios para desplazarse y acceder a condiciones básicas de higiene urbana.
El decreto se fundamenta en la Ley de Modernización Laboral 27.802, que clasifica determinadas actividades como "esenciales" o de "importancia trascendental". Bajo este marco legal, la recolección de residuos fue categorizada como servicio esencial, requiriendo una cobertura mínima del 75% durante paros. El transporte público —incluyendo subtes, Premetro y colectivos— recibió la denominación de "actividad de importancia trascendental", con un piso mínimo del 50% de prestación habitual.
Un aspecto crucial de la norma es que el requisito del 50% se aplica de manera individual a cada línea de transporte, no al sistema en su conjunto. Esto significa que tanto las líneas de subterráneo como las de Premetro y los recorridos de colectivos que circulan dentro de Buenos Aires deberán alcanzar ese umbral por separado, impidiendo que una empresa compense el déficit de una línea paralizada con el excedente de otra en funcionamiento.
Para la implementación en el sistema de subterráneos, el decreto instruye a Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) y a la concesionaria Emova Movilidad S.A. a definir conjuntamente las modalidades operativas concretas bajo las cuales se garantizará la circulación de trenes durante conflictos gremiales. Simultáneamente, la Secretaría de Trabajo y Empleo quedó a cargo de convocar a las partes involucradas y arbitrar los mecanismos necesarios para asegurar el cumplimiento de los porcentajes establecidos.
Macri justificó la medida en redes sociales, afirmando que "se terminó la extorsión de un grupo de sindicalistas que usan a millones de porteños como rehenes para defender sus privilegios". El jefe de Gobierno enfatizó que el decreto busca garantizar que "nunca más una minoría organizada pueda paralizar toda una Ciudad". La norma cuenta con las firmas del ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua; del ministro de Justicia, Gabino Tapia; y del jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny.