La Carrera de Traductorado Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires expresó su preocupación por un anteproyecto que busca modificar la Ley 20.305, normativa que regula el ejercicio de la profesión de traductor público en la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto, que se encuentra actualmente en etapa prelegislativa, propone derogar el artículo 6 de dicha ley para permitir que el Poder Ejecutivo determine de manera excepcional en qué trámites será obligatoria la traducción pública, en lugar de que sea un requisito general como ocurre hoy.
Actualmente, el artículo 6 establece que todo documento en idioma extranjero presentado ante organismos públicos, judiciales o administrativos debe acompañarse con una traducción al español realizada por un traductor público matriculado. La eventual modificación ha generado alarma en instituciones vinculadas con la formación profesional, ya que podría afectar las incumbencias exclusivas de los traductores públicos y eliminar la obligatoriedad de sus intervenciones en determinados trámites.
El Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires también cuestionó el anteproyecto, advirtiendo que la derogación del artículo 6 podría comprometer las competencias exclusivas de los profesionales y eliminar un mecanismo fundamental para garantizar la correcta interpretación de documentación extranjera. La Universidad de Buenos Aires, por su parte, destaca en el perfil de su carrera que los graduados están formados específicamente para producir traducciones públicas fieles y desempeñarse como auxiliares de la Justicia y la administración pública.
Paralelamente, el Colegio de Traductores Públicos e Intérpretes de la Provincia de Buenos Aires (Regional La Plata) emitió un comunicado rechazando declaraciones realizadas el 23 de julio de 2026 en el programa "El Diario de Mariana" de América TV. Durante la entrevista al abogado Yamil Castro Bianchi, se calificó como "cuestión de la burocracia" la exigencia de traducciones profesionales y se sugirió recurrir a inteligencia artificial generativa o a traducciones elaboradas por abogados patrocinantes.
Desde la entidad profesional expresaron un firme rechazo a estas declaraciones, señalando que "transmiten información incorrecta sobre el régimen jurídico vigente, desvalorizan una profesión regulada por ley e inducen a la audiencia a incumplir los requisitos legales" en expedientes judicales y tramitaciones administrativas. El Colegio remarcó que la traducción pública no es un trámite caprichoso, sino una garantía de seguridad jurídica y protección de los derechos de la ciudadanía que debe ser realizada por profesionales competentes y habilitados.
