El oficialismo logró el dictamen de mayoría del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que incluye a Malvinas, y podría tratarlo en el recinto el 12 de noviembre de 2026.
Según los datos disponibles al 27 de octubre de 2026, el texto ya quedó listo tras varias negociaciones con los bloques aliados. La fecha del 12 de noviembre es tentativa, y podría cambiar porque esa semana es corta por la visita del Papa León XIV a la Argentina.
El proyecto, impulsado principalmente por el asesor presidencial Santiago Caputo, agrava las sanciones por explotación no autorizada de recursos naturales en el Atlántico Sur. La norma no se limita a los hidrocarburos: alcanza a cualquier explotación de recursos renovables o no renovables. También prevé multas y la suspensión o cancelación de habilitaciones para empresas, socios y proveedores que operen allí sin autorización.
Este punto generó las mayores objeciones. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, transmitió en persona al presidente Javier Milei la preocupación de la administración Trump por el posible impacto de las sanciones sobre empresas estadounidenses. Como respuesta, el oficialismo aceptó limitar las sanciones a quienes operen de forma directa: licenciatarias, proveedores y accionistas directos. Quedan eximidos los accionistas minoritarios con participaciones de hasta el 2 % y los fondos de inversión indirectos.
El dictamen también crea el Consejo de Seguridad Nacional, integrado de forma permanente por el Presidente, el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia y la secretaria Legal y Técnica. Ese organismo coordinará la estrategia de defensa, inteligencia y seguridad interior, y podrá aprobar o rechazar inversiones de Estados extranjeros y empresas de ese origen en sectores como energía, hidrocarburos, minería, telecomunicaciones y actividades espaciales. Además, se aceptó una Comisión Bicameral de Seguimiento en el Congreso, propuesta por el diputado Eduardo Falcone, y el Ejecutivo deberá informarle en 48 horas las medidas de seguridad que adopte el Consejo.
Aliados que firmaron con disidencias reclaman más cambios en los artículos 127, 128 y 129, que penan con cinco a doce años de prisión la injerencia extranjera en procesos electorales. Una diputada aliada advirtió que votaría en contra si no hay nuevas modificaciones, y un referente libertario reconoció que habrá más cambios, sobre todo en lo referido a las ONG que buscan influir en las políticas del Gobierno.