El caso debió ser judicializado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), producto de la resistencia de la entonces Secretaría de Salud de la Nación a dar respuesta a los requerimientos de información oportunamente formulados por la Asociación en relación a la suspensión de la vacuna en agosto de 2018.
El juzgado federal número 2 de La Plata ya había determinado que la Secretaría había incurrido en un comportamiento ilegal al suspender la entrega de la dosis mediante un comunicado de prensa.
“Las políticas de austeridad nunca deben evadir las explicaciones e informaciones públicas que sustentan decisiones que pueden implicar retrocesos en la garantía de derechos”, reza el comunicado de ACIJ. En ese contexto, añade “es necesario que el Estado Nacional informe acabadamente a la sociedad respecto de la situación de la política de inmunización, cumpliendo las decisiones judiciales y, en particular, las de la Agencia de Acceso a la Información pública creada por la ley 27.275”.
El viernes, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, presenció la liberación del primer lote de un total de 12,4 millones de dosis de vacunas que estaban retenidas en la Aduana del aeropuerto internacional de Ezeiza, y dijo que en un plazo de hasta 15 días «va a haber stock de vacunas en todas las provincias».
«Hoy sacamos alrededor de un 8% de las 12,4 millones de dosis que comenzaron a llegar al país el pasado 5 de junio«, dijo González García a la prensa en la Terminal de Cargas Argentinas (TCA) de la Aduana, donde se inició el proceso de distribución en camiones tras retirar las dosis de cámaras de frío donde permanecieron almacenadas.
Fuente: Ámbito
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