El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció que el gobierno liberará a 300 presos políticos en el transcurso de esta semana. La medida forma parte de una ley de amnistía impulsada por el oficialismo, aunque organizaciones civiles y sectores opositores han cuestionado su alcance, calificándola de parcial y limitada.
Según explicó Rodríguez durante una sesión parlamentaria, las liberaciones comenzaron el lunes y continuarán hasta el viernes. El dirigente chavista aclaró que entre los beneficiados se encuentran menores de edad, adultos mayores, personas con problemas de salud, mujeres embarazadas y madres lactantes. También serán excarcelados exfuncionarios policiales condenados por hechos relacionados con el fallido golpe de Estado de 2002.
Uno de los casos que genera mayor atención internacional es el del abogado argentino Germán Giuliani, quien permanece detenido en Venezuela desde mayo de 2025 tras ser involucrado en una causa vinculada al narcotráfico. Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre su inclusión en el grupo de personas a ser liberadas, lo que mantiene la incertidumbre sobre su situación.
Entre las personas ya excarceladas figuran una adolescente de 16 años y Merys Torres de Sequea, madre de un militar condenado por el intento de incursión armada contra Nicolás Maduro en 2020. Estos casos representan ejemplos de los beneficiarios de la medida anunciada.
El anuncio se produce en medio de creciente presión internacional sobre el gobierno venezolano. Recientemente, organizaciones opositoras y ONG han reclamado investigaciones independientes por la muerte bajo custodia estatal del preso político Víctor Hugo Quero Navas, reabriendo el debate sobre violaciones a los derechos humanos en el país.
Esta decisión llega pocos días después de que Donald Trump asegurara que Estados Unidos trabajará para lograr la liberación de todos los detenidos por motivos políticos en Venezuela. Distintos sectores continúan exigiendo que las excarcelaciones incluyan a la totalidad de los presos políticos y que se garantice un proceso transparente e independiente.
