La Argentina no sólo se destaca dentro de los países que viene suscribiendo los acuerdos de intercambio internacional de información fiscal, sino que además se lo considera el país más activo del planeta en el pedido bilateral de información.
Sur Los 4.040 nombres que debe investigar la Justicia Tiempo Argentino Crearon una «Logia» de reveladores de secretos bancarios
Con la cruzada actual por parte de la AFIP ante las 4040 cuentas no declaradas de argentinos del banco HSBC ocultas en Suiza, se evidencia lo que serían los efectos y alcances de los acuerdos internacionales sobre intercambio de información bancaria al que están adhiriendo la mayoría de los países del globo.
Según consignó Tiempo Argentino, a partir de la crisis financiera mundial en 2008, los estados nacionales reforzaron el control recaudatorio con ánimos de recuperar parte de la renta fiscal que no se encuentra blanqueada y que afecta profundamente los rojos de los fiscos.
Para este caso argentino en particular de las cuentas suizas, por ejemplo, la evasión representa una cifra estimada de 62 mil millones de pesos.
Quedan algunas jurisdicciones fuera de las adhesiones a dichos convenios como ser Panamá, Paraguay, Antigua o Seychelles.
La Argentina no sólo se destaca dentro de los países que viene suscribiendo los acuerdos de intercambio internacional de información fiscal, sino que se considera que es el país más activo del mundo en el pedido de este tipo de datos.
Ya nuestro país puede a través de dichos convenios intercambiar información hoy con 73 países, pero con los únicos con quienes puede realizarlo de manera automática es con los Países Bajos. Con el resto, los datos solicitados deben obtenerse vía requerimiento, que implica cierta investigación previa sobre el banco y contribuyente en cuestión, así como también las razones por las que se establece dicha solicitud, lo que hace más engorroso tales solicitudes.
Los especialistas estiman que la mayor parte de los fondos de residentes argentinos no declarados y ubicados en el exterior, se encuentran principalmente en Uruguay, EE UU y Suiza. Mientras que con el país vecino existe un acuerdo de intercambio de información desde 2013, con EE UU y Suiza las facilidades no son las mismas. El congreso norteamericano no aprobó aún los convenios multilaterales firmados por los EE UU de intercambio de información, y por su parte en Suiza, el acuerdo con Argentina en particular espera aún de media sanción del Poder Legislativo suizo con cuya aprobación entraría en vigencia a partir de 2016.
Es así como para el caso de las cuentas de argentinos en el HSBC en Suiza, los datos fueron en realidad provistos por la Dirección General de las Finanzas Públicas de Francia, país que sí firmó un convenio de intercambio de información con Argentina en el año 1979, a partir de la base de datos brindada por un ex ejecutivo del banco HSBC en Suiza, Hervé Falciani, que tomó esa información y se refugió en ese país.
UNA TENDENCIA MUNDIAL. Cerca de un mes atrás, se reunieron los ministros de economía de la Unión Europea y acordaron el intercambio automático obligatorio de información tributaria entre los estados miembro a partir de 2017. Acuerdo que recién pudo concretarse a partir de que Luxemburgo y Austria levantaran sus reservas y aceptaran informar sobre dividendos y otras formas de ingresos financieros que se añadirán a la lista de las categorías sujetas a intercambio automático de esa región como ser ahorros, salarios, seguros, pensiones y rentas inmobiliarias.
Previo a ello, en mayo de este año la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el G-20 publicaron una Declaración sobre el Intercambio Automático de Información en Materia Fiscal en 2017, al que adhirieron en su momento 34 países entre ellos la Argentina. Al tiempo que en octubrese celebró en Berlín el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, por el que tanto el Convenio de la OCDE y el Consejo de Europa sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Tributaria, fue también adherido en este caso por 50 países, donde también la Argentina fue firmante lo que permitirá, a partir del 2017, que la AFIP pueda acceder a datos de los países adherentes.
De aquí que los especialistas prevean que la tendencia en breve será la del intercambio de información de manera automática a nivel global.
CONTROVERSIAS Y RESISTENCIAS. Por un lado las resistencias y lobbies contra tal avance claramente responden a los intereses que los principales centros financieros encubren y que además atentan contra su propia competencia como gigantes receptores de capitales. Así, por ejemplo, Suiza exige a nivel internacional que países como Estados Unidos o Singapur enfrenten similares exigencias.
De esta manera quedan algunas jurisdicciones fuera de las adhesiones a dichos convenios como ser Panamá, Paraguay, Antigua o Seychelles.
Muchos alertan que estos convenios son exigidos de ser cumplimentados por los países centrales a los del tercer mundo, pero que a la hora de que ellos provean de información la realidad comienza a oscurecerse un poco más. Si bien los convenios por lo general se firman, a la hora de la verdad la calidad y tiempos de la información provista, es decir la decisión política de cumplimentar los acuerdos, es más bien cuestionada. Así se menciona que países como el Reino Unido, que por ejemplo ejerce dominio territorial político sobre el famoso paraíso fiscal off shore de las Islas Caimanes, en los hechos obstaculiza la información normalmente solicitada incluso por estados miembro de la Comunidad Europea.
Por su parte los países en realidad no pueden ofrecer grandes resistencias a las sugerencias de cooperación tributaria establecidas por la OCDE. Es que dicho organismo extiende estos condicionamientos sobre los diferentes convenios multilaterales para evitar la doble tributación internacional.
Pero el debate se recrudeció en este último tiempo en tanto que el propio GAFI (Grupo de Acción Financiera) que es la organización intergubernamental que desarrolla y promueve políticas para proteger el sistema financiero mundial contra el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, realizó una revisión de sus Recomendaciones en el año 2012 en que pasó a considerarse a los delitos fiscales graves como delitos subyacentes al blanqueo de capitales.
Es decir, un delito como la evasión tributaria que tiene su origen en un hecho lícito, una venta, pasa a ser sospechosa de lavado de dinero de un hecho con base ilícita como por ejemplo el narcotráfico. Para muchos esta asimilación en términos del derecho es una cuestión grave donde el objetivo de perseguir la criminalidad se ve manipulado por el fin recaudatorio. En la Argentina, sin embargo, esto se encuentra vigente ya desde el año 2000, con la Ley de Lavado 25.246.
De esta manera los mecanismos de cooperación internacional creados por el GAFI para hacer frente al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo son utilizados con fines fiscales, hecho al que tampoco los países, especialmente los de menor peso político a nivel internacional, podrán resistirse en tanto que este organismo puede aislar a una nación de la economía mundial asestando que todas las operaciones que vienen de ahí pasan a ser sospechosas de lavado.
Cuestión que el GAFI fue reforzando a partir del atentado en el 2001 a las Torres Gemelas, por lo que agudizó el estrangulamiento al financiamiento del terrorismo y el mayor control al movimiento internacional de capitales. Asimismo el impulso más fuerte de estas medidas se dio con la crisis de 2008 en que los estados centrales se encontraron en cuasi quiebra.
En un principio se había alentado a que volvieran a los países centrales los capitales mediante blanqueos, como en Alemania, Italia y España, o en casos como los Estados Unidos a través de la amnistía.
Pero finalmente el avance más firme se dio con los acuerdos internacionales de información fiscal que, en perspectiva, plantean a escala global el final del secreto bancario detrás del cual se evaden y eluden cifras de centenares de miles de millones de dólares.
Todo listo para la comisión bicameral
El jueves pasado se votó en la Cámara Baja con 135 votos a favor, 27 en contra y 53 abstenciones, el proyecto elaborado por las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas y Peticiones, Poderes y Reglamento de conformar una Comisión bicameral para investigar la denuncia de la AFIP sobre las 4040 cuentas del banco HSBC que no fueron blanqueadas en la declaración de ganancias. Esta comisión, que estaría integrada por cinco senadores y cinco diputados designados por el presidente de cada Cámara, podría además investigar a otras instituciones bancarias que poseen la potestad de abrir cuentas en el exterior para detectar si realizaron maniobras similares de evasión. El plazo del funcionamiento de la comisión será de 90 días, prorrogables por otros 90. El proyecto sería inmediatamente remitido al Senado para ser finalmente ser votado este 17 de diciembre, el cual establece que el objetivo es el de “procurar la identificación de los agentes económicos involucrados en el incumplimiento fiscal y la fuga de divisas, así como también las instituciones bancarias y/o financieras que hayan estructurado en el país el modo sistemático de violentar las normas impositivas y cambiarias vigentes”.
El presidente de Presupuesto y Hacienda, Ricardo Feletti, advirtió que el caso de las cuentas en Suiza no se trata de un caso de lavado de dinero sino de evasión fiscal.
En este sentido y como advertencia del impacto económico que dichas acciones genera al fisco, a través del Twitter, la Presidenta Cristina Fernandez señaló que con el dinero evadido se podrían solventar 27 años del Programa Nacional de Vacunación, entre otras comparaciones realizadas entre los montos evadidos y los planes nacionales de salud.
Fuente: info news
