Cincuenta sindicatos presentarán una denuncia contra Luis Caputo para reclamar obras sociales retenidas por el Gobierno, por unos 688 mil millones de pesos.
Hacia fines de octubre de 2026 un grupo de 50 gremios encabezado por Luis Barrionuevo (Gastronómicos) presentará en los próximos días un escrito ante la Justicia. Denunciarán al ministro de Economía por incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que, según ellos, mantiene retenido dinero que corresponde a las obras sociales: 288 mil millones de pesos en un plazo fijo del Banco Nación, del Fondo Solidario de Redistribución, y 400 mil millones de pesos en Fondos FIMA, acumulados por un pago de OSDE en 2017.
La decisión se tomó en una reunión realizada días antes en la sede del Sindicato de Obreros de Maestranza, a la que se sumó la UOM Capital, que lidera Roberto Bonetti. La denuncia también tiene el aval del Sindicato de Comercio, que conduce Armando Cavalieri y maneja OSECAC, la obra social más numerosa del país, con 1.200.000 afiliados.
La presentación judicial además implica un desafío a la CGT, que hasta ahora no adoptó medidas concretas frente a la crisis de las obras sociales, pese a tres reuniones reservadas de sus dirigentes con el ministro de Salud, Mario Lugones. Barrionuevo rechazará el paro parcial de 2 o 4 horas que impulsa la CGT y pedirá un paro general de 36 horas con movilización. Su gremio, UTHGRA, realizará el 16 de noviembre de 2026 un paro nacional y una movilización ante el Ministerio de Capital Humano.
El escrito también reclamará la actualización del nomenclador de medicamentos, congelado desde hace unos tres años, por lo que, según la nota, las obras sociales recuperan hoy apenas un 10% de lo que pagan en ese rubro. El origen de los 288 mil millones de pesos se remonta a una partida de unos 148 mil millones incorporada en 2023 por Sergio Massa, a pedido de la CGT. Los 400 mil millones restantes provienen del Fondo de Emergencia y Asistencia, creado en 2016 y alimentado por el acuerdo de pago de OSDE en 2017.
Según fuentes de la CGT, tras la última reunión de fines de septiembre de 2026, alrededor del 90% del Fondo Solidario de Redistribución se destina hoy a prestaciones por discapacidad, que cuestan cerca de un millón de pesos por afiliado y unos 160 mil millones por mes. El sanitarista Luis Scervino, asesor de la CGT, describió la situación como una olla a presión: la caída del salario y el aumento del gasto médico obligan a las obras sociales a cubrir costos que muchas veces terminan judicializados.
