La Cámara de Diputados se mantiene atenta a los movimientos políticos. Este miércoles, una reunión de Labor Parlamentaria definirá si el Senado sesionará el jueves. El riesgo para el oficialismo es que el escándalo de Manuel Adorni ingrese en la agenda legislativa con consecuencias impredecibles para su permanencia como Jefe de Gabinete.
El Gobierno libertario planeaba abrir el recinto para debatir un proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y siete pliegos judiciales. Sin embargo, enfrenta la posibilidad de que el peronismo solicite tratar "sobre tablas" un proyecto de interpelación a Adorni, que podría derivar en una moción de censura para destituirlo. Aunque la iniciativa requeriría dos tercios de los votos para aprobarse sin dictamen de comisión, la oposición dura no teme el rechazo, ya que lo utilizaría para presionar a los aliados del Gobierno y cobrar un costo político por defender al funcionario.
Los diputados opositores mantienen conversaciones activas con bloques del "medio" político. Desde el PRO habrían dejado saber informalmente que si el Gobierno no destituye a Adorni antes del 23 de junio, bajarán al recinto para dar quórum a la sesión de interpelación. La estrategia de la oposición se centra en mantener el tema en la agenda pública para que la presión ciudadana continúe ejerciendo presión sobre el Ejecutivo.
El PRO y la UCR, aliados del Gobierno, esperan que sea el propio Ejecutivo quien resuelva el conflicto removiendo a Adorni, evitando así exponerse públicamente. Otros aliados del oficialismo han sido más directos: Oscar Zago, del MID, señaló que el Gobierno "tiene que echar" al funcionario sin trasladar esa responsabilidad al Parlamento, rechazando acusaciones de intentar un "golpe".
Desde lo técnico, la sesión del 23 de junio no representa un peligro inmediato para Adorni. Los proyectos de interpelación y moción de censura carecen de dictamen de comisión, y el oficialismo posee más de un tercio de los votos en Diputados. La oposición deberá primero aprobar un emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Poderes, Peticiones y Reglamento para que dictaminen los proyectos, pero ambas están controladas por La Libertad Avanza.
A pesar de los obstáculos parlamentarios, la presión política sobre el Gobierno continúa en aumento. Los aliados del oficialismo han dejado clara su posición: esperan que sea el Ejecutivo quien resuelva la crisis de Adorni sin involucrar al Parlamento, evitando así quedar atrapados entre la presión de la oposición y la defensa del funcionario cuestionado.
