El gobierno libertario autorizó mediante decreto al Ministerio de Economía a contraer nuevos créditos en dólares estadounidenses por US$5000 millones. Esta medida busca afrontar los vencimientos con bonistas programados para el 9 de julio, aprovechando la reducción del Riesgo País para obtener financiamiento en condiciones más favorables para el Tesoro Nacional.
El decreto incluye cláusulas que permiten someter eventuales controversias derivadas de estos préstamos a la jurisdicción de tribunales estatales y federales de Nueva York. Asimismo, autoriza al Estado nacional a renunciar a la defensa de inmunidad de jurisdicción respecto de estos reclamos específicos, facilitando así los términos para los acreedores internacionales.
Sin embargo, la normativa mantiene protecciones estratégicas para el país. Argentina no renuncia a la inmunidad de ejecución sobre bienes esenciales del Estado, incluyendo las reservas y cuentas del Banco Central, propiedades de dominio público, representaciones diplomáticas, activos militares y patrimonio cultural. Estas salvaguardas permanecerán vigentes incluso en procedimientos ante tribunales extranjeros.
La medida también excluye de posibles embargos los impuestos, regalías y recursos destinados al funcionamiento estatal, así como bienes declarados inembargables por el Congreso de la Nación. De esta manera, el gobierno busca equilibrar la necesidad de financiamiento con la protección de activos críticos.
Las secretarías de Hacienda y Finanzas quedan facultadas para definir los términos específicos de estos préstamos, incluyendo plazos, tasas de interés, monedas, selección de bancos participantes y acuerdos sobre comisiones. Esta flexibilidad administrativa permite optimizar las condiciones de endeudamiento según las oportunidades del mercado financiero internacional.
