La sanción de una ley de ecocidio con penas de hasta 25 años de prisión ha generado una fuerte polémica en el Senado. La titular del bloque oficialista, Patricia Bullrich, anunció el retiro de las firmas de La Libertad Avanza del dictamen, una decisión que viola directamente el artículo 106 del reglamento de la Cámara alta y expone a toda la cadena de legisladores que participaron en su aprobación.
El proyecto fue impulsado por la senadora radical Edith Terenzi y avanzó rápidamente en las comisiones de Justicia y Ambiente el 9 de junio. Según se conoció, hubo cambios de legisladores de último momento para asegurar las firmas necesarias. Sin embargo, cuando diversos sectores productivos conocieron la velocidad del tratamiento, colapsaron los teléfonos en rechazo a la iniciativa, presionando para detener su avance legislativo.
La normativa establece penas de tres a diez años de prisión por daños ambientales graves, extensos y duraderos. Si el daño fuera irreversible, las penas aumentan a cinco a quince años. En caso de muerte, las penas van de cinco a veinticinco años, con multas que pueden alcanzar hasta quinientos salarios mínimos vitales y móviles. Estas disposiciones generaron rechazo en sectores económicos preocupados por sus implicancias.
El reglamento del Senado es claro en su artículo 106: una vez que los dictámenes ingresan a la Mesa de Entradas, los senadores no pueden retirar sus firmas. El movimiento de Bullrich viola esta norma y genera inquietud en los despachos legislativos, confirmando tensiones internas en la coalición gobernante.
Las salidas viables dentro del reglamento serían archivar el tema, solicitar un retorno a comisión o modificar el despacho en el recinto. Sin embargo, el intento de retiro de firmas evidencia problemas más profundos: legisladores aliados como Terenzi y Royón se sienten traicionados tras promesas incumplidas, y comienzan a desconfiar del oficialismo, reanudando contactos directos con la Casa Rosada.
