La cuarta marcha universitaria federal de este martes 12 de mayo será la movilización más importante del reclamo estudiantil en lo que va del año. Los manifestantes se concentrarán en diferentes puntos de la ciudad a partir del mediodía, para luego converger en la Plaza de Mayo a las 17 horas en la manifestación principal frente al Congreso.
Los estudiantes universitarios se reunirán en Plaza Houssay (Facultad de Medicina) a las 14 horas, mientras que la UTN lo hará en Avenida Medrano a las 14:30. Por su parte, docentes y no docentes de Conadu se concentrarán en Avenida de Mayo y Tacuarí a las 15 horas, la CGT en Diagonal Sur y Bolívar también a las 15, y Fedun en Avenida de Mayo y Piedras. Exactas (UBA) convoca a las 13 horas en Avenida Callao y Bartolomé Mitre, mientras que UNQ, UNA y otras instituciones se reúnen a las 14 horas en sus respectivos puntos de encuentro.
El principal reclamo de esta movilización es el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en 2025. Esta normativa ordena al Gobierno libertario reforzar los fondos de las universidades públicas e incluye una recomposición salarial desde 2023. Sin embargo, su aplicación permanece suspendida por el Ejecutivo, quien alega que requiere determinación de fuentes de financiamiento. A pesar de que ambas cámaras legislativas desecharon el veto presidencial, la norma sigue sin aplicarse.
La situación de los docentes universitarios es crítica: sus salarios son los más bajos en los últimos 23 años, con una pérdida de poder adquisitivo cercana al 34%. Además, el presupuesto de 2024 nunca fue aprobado en el Congreso, por lo que este año se prorrogará el mismo presupuesto de 2023.
El Gobierno ha dejado clara su intención de mantener su postura hasta las últimas instancias legales. Para ello, presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema buscando evitar la actualización de salarios docentes y programas de becas, argumentando que el cumplimiento de la ley "afecta la estabilidad económica y la macroeconomía del país". Según el Ministerio de Economía, cumplir con la normativa requeriría reasignar el 90,3% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado exclusivamente al financiamiento universitario.
