La investigación sobre el patrimonio del funcionario Manuel Adorni avanzó este miércoles con nuevas declaraciones en los tribunales de Comodoro Py. Las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo comparecieron ante el fiscal Gerardo Pollicita en una causa que indaga un presunto enriquecimiento ilícito centrado en la compra de un departamento en Caballito.
Durante su testimonio, Viegas aseguró que la operación de venta del inmueble fue realizada por su hijo. Previamente, Sbabo ya había declarado en la causa, aunque sin trascender detalles públicos de su exposición. Ambas habían afirmado ante la prensa no conocer personalmente a Adorni, lo que genera interrogantes sobre la naturaleza de la transacción.
El departamento ubicado en la calle Miró fue adquirido por el jefe de Gabinete por un valor declarado de US$230 mil. De esta suma, Adorni solo aportó US$30 mil en efectivo, mientras que los US$200 mil restantes fueron financiados por las jubiladas sin intereses, con un esquema de pago en cuotas hasta noviembre próximo, según consta en la documentación y el testimonio de la escribana Adriana Nechevenko.
La propiedad había pertenecido al exfutbolista Hugo Morales, quien declaró que la vendió a las dos mujeres por US$200 mil tras aceptar una rebaja respecto del precio inicial. "Sabiendo que por ahí perdía un poco de plata, en ese momento se tomó la decisión. Lo vendimos contentos", explicó en diálogo con Radio 10.
En paralelo, la causa también analiza otras operaciones vinculadas al funcionario, como una vivienda no declarada en un country de Exaltación de la Cruz y movimientos financieros asociados a viajes al exterior. Se suman testimonios de otras personas que habrían otorgado préstamos, entre ellas Graciela Molina y Victoria María José Cancio.
Con el levantamiento del secreto fiscal y bancario dispuesto por el juez Ariel Lijo, el fiscal Pollicita espera acceder a información detallada sobre ingresos, bienes y movimientos financieros de Adorni y su esposa Bettina Angeletti, con el objetivo de determinar si su patrimonio se corresponde con sus ingresos como funcionario público.
