El Ministerio de Educación de Buenos Aires ha implementado una nueva reglamentación para regular el cierre de escuelas privadas, buscando evitar cancelaciones intempestivas que dejen a estudiantes sin opciones educativas. La medida surge como respuesta a la creciente crisis en el sector educativo privado, marcada por la disminución de la matrícula y problemas económicos.
La caída de la natalidad está impactando significativamente en el sistema educativo. Un informe del gobierno porteño advierte que para 2025 la matrícula de primer grado disminuirá un 25% respecto a 2020, y se prevé que para 2028 esta reducción afectará a todo el nivel primario.
Según la nueva normativa, los colegios que contemplen un posible cierre deberán comunicarlo con anticipación a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Deben presentar un plan detallado que incluya un cronograma, estrategias de comunicación y garantías para la reubicación de los estudiantes.
Las instituciones tendrán que presentar la solicitud de cancelación antes del 31 de julio del año anterior al cierre, con documentación completa sobre matrícula y personal. El ministerio evaluará la documentación y acompañará el proceso para asegurar que ningún estudiante quede sin vacante.
Este escenario plantea un desafío importante: mientras la caída de la natalidad podría permitir una mejor asignación de recursos educativos, también amenaza la sostenibilidad de muchas instituciones privadas. Los especialistas recomiendan una planificación estratégica para aprovechar esta transformación demográfica.
