El rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, confirmó que mañana se realizará una Marcha Federal Universitaria que espera sea "pacífica, multitudinaria" y que refleje el apoyo de la sociedad al país. La movilización tendrá su epicentro en Plaza de Mayo y se llevará a cabo en múltiples ciudades del territorio nacional, convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA).
Gelpi denunció una situación "hiperaguda" provocada por los recortes presupuestarios que afectan directamente a las universidades nacionales. Los fondos transferidos por el Gobierno no se actualizan según la inflación, generando una pérdida real del poder adquisitivo de entre 35 y 40 por ciento. Esta crisis impacta en las cursadas, los salarios de docentes y no docentes, y el funcionamiento de los hospitales universitarios. El rector advirtió que "esto pretende destruir el Estado argentino en su parte fundacional, que es afectar la educación y la ciencia".
El titular de la UBA enfatizó que la educación es fundamental para la libertad y el desarrollo del país. "La libertad es cuando usted puede razonar, crear y pensar, y eso se logra con educación", sostuvo, agregando que "afectar la educación y la ciencia es hipotecar el futuro". Gelpi también señaló que ya se evidencia la pérdida de recursos humanos calificados que abandonan universidades y laboratorios, situación que resulta irreversible en el corto plazo.
Respondiendo a las acusaciones del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien calificó los reclamos como "extorsión política", Gelpi negó tal intención y defendió la legitimidad de los pedidos. "Lo que estamos pidiendo para los estudiantes y para los hospitales es lo mismo que se pedía el año pasado", aclaró el rector, subrayando que se trata de exigencias legítimas respaldadas por la sociedad.
El reclamo central de la marcha es que el Poder Ejecutivo cumpla la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, aprobada por el Congreso Nacional en octubre de 2025 y ratificada por la Justicia a fines de marzo por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Gelpi expresó su confianza en una participación masiva similar a movilizaciones anteriores, destacando que "la defensa de la educación pública no responde a intereses partidarios, sino que representa la protección del futuro del país".
