El oficialismo alcanzó un acuerdo con sus aliados en la Cámara de Diputados para restituir los límites a la venta de tierras a extranjeros. Esta decisión permite dictaminar la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que será tratada en el recinto el 21 de octubre de 2026. La medida se alinea con el fallo reciente de la Corte Suprema, que mediante una cautelar interina repuso temporalmente la vigencia de la ley de tierras que había sido derogada por el mega DNU 70/23 firmado al inicio de la gestión presidencial.
El objetivo del oficialismo fue ofrecer una salida política a los bloques aliados que rechazan la venta de tierras sin límites pero no desean derogar completamente el decreto desregulador. El mega decreto 70/23 eliminó regulaciones en múltiples sectores: derogó las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y de Alquileres; liberó tasas bancarias y cuotas de prepagas; y desreguló el mercado aéreo y la venta de tierras. Desde el oficialismo advirtieron que la derogación total del DNU 70 generaría un caos administrativo y procesal sin precedentes.
Durante el plenario de Legislación General y Asuntos Constitucionales, el diputado radical Diógenes González propuso formalmente incluir dos nuevos artículos en el dictamen: el 38, que deja sin efecto el artículo 134 del DNU 70, y el 39, que restituye la vigencia de la ley 26.737. Esta acción generó críticas de la oposición peronista, con la diputada Paula Penacca cuestionando el cambio de posición del oficialismo que en el Senado impulsó la eliminación de estos límites.
El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que obtuvo media sanción del Senado a principios de agosto de 2026, incluye restricciones para expropiaciones, modificaciones en el cálculo del pago por expropiaciones según valor de mercado, regulación de restitución sumaria de inmuebles ocupados en 72 horas, y contempla desalojos por falta de pago con 10 días de intimación. De ser aprobado por Diputados, el texto deberá volver al Senado para su aprobación definitiva.
La ley de tierras vigente desde diciembre de 2011 establece que una persona física o jurídica extranjera no puede ser titular de más del 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia ni de cada departamento. Además, la misma nacionalidad no puede concentrar más del 30% del cupo de tierras habilitado para extranjeros. También restringe la adquisición de tierras rurales con cuerpos de agua relevantes y en zonas de seguridad de frontera.
